El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) obtuvo una suspensión definitiva de un juez federal especializado en competencia económica contra los aumentos de entre 500 y 800 por ciento a las tarifas de transmisión que plantas de generación privadas tienen que pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La sentencia suspende por el momento las tarifas avaladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por el pago de ese servicio, en tanto el juez resuelve si otorga el amparo. El gobierno federal puede impugnar el fallo para que el caso pase a manos de un tribunal colegiado, que decidiría si lo ratifica o revoca.

El juzgado primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones concedió esta suspensión para efectos generales, entre ellos que no se imponga a los generadores de energías limpias el cobro de nuevas tarifas, teniendo derecho a pagar conforme a las vigentes con anterioridad.

El juez consideró procedente otorgar la suspensión en virtud que el Cemda acreditó, entre otros aspectos, que el aumento de las tarifas significaría un retroceso en el avance que el Estado mexicano debe perseguir en materia de descarbonización de la generación y transición hacia la energía renovable, desincentivando las energías limpias y fomentado la generación mediante combustibles fósiles.

Esto, argumentó, vulnera los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano de los mexicanos, en contravención a instrumentos internacionales sobre cambio climático.

Gustavo Alanís, director ejecutivo del Cemda, señaló: La suspensión es congruente con la responsabilidad de garantizar mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras.

Por otro lado, fue declarada sin materia la controversia constitucional que promovió el gobierno de Michoacán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra la decisión de la CRE para aumentar la tarifa por el uso de la red de la CFE para las empresas privadas y entes gubernamentales que autogeneran este insumo.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández desechó el recurso debido a que la administración estatal carece de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional.