La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), formalizó la transferencia de facultades que tenía la Policía Federal a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Guardia Nacional y con ello se encargará de supervisar la aplicación de medidas cautelares de las personas sujetas a proceso penal, además deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado.

En el Poder Judicial de la Federación (PJF) hay juzgadores que consideran que se entrega al Ejército un organismo íntimamente vinculado con los procesos penales de acusados civiles, dado que la Guardia Nacional está dirigida por militares.

La transferencia de facultades fue dada a conocer por medio del Diario Oficial de la Federación y en el acuerdo correspondiente se establece que a ”la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional le corresponderá ejecutar las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas” en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el ámbito de atribuciones de la Guardia Nacional y lo relativo al seguimiento de los casos en los que se apliquen medidas cautelares.

Asimismo, se establece que las unidades administrativas de la Guardia Nacional colaborarán con la Dirección General de Seguridad Procesal, para que ésta cumpla con sus obligaciones, aunque se señala que las funciones de ese órgano serán desempeñadas con los recursos humanos con los que cuenta la Dirección General de Seguridad Procesal, así como los transferidos de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de la Policía Federal, por lo que no implicará la creación de nuevas plazas presupuestales.