l jueves, un grupo de 43 senadores y congresistas estadunidenses envió una carta al presidente Donald Trump para emplazarlo a hallar una solución con las autoridades mexicanas a fin de que éstas brinden certidumbre y certeza a las inversiones realizadas por firmas de su país en el sector energético tras la reforma en la materia aprobada en 2014. En la misiva, legisladores republicanos y demócratas expresan que las medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo socavan el espíritu, sino la letra del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual busca promover el crecimiento entre los países participantes.

El exhorto de los miembros del Capitolio se da en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute la constitucionalidad de la política energética del gobierno federal, y en especial el decreto publicado el 15 de mayo por la Secretaría de Energía, que establece reglas para que las empresas privadas de generación de energía solar y eólica se conecten a las redes eléctricas. Después de que el máximo tribunal del país decidiera otorgar la suspensión provisional contra dicho decreto a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el presidente López Obrador anunció que impulsará una reforma constitucional para que prevalezca el dominio del país sobre los recursos naturales y se defienda el interés público sobre el lucro de los privados.

Lo que se encuentra en el fondo es la lucha entre la determinación de devolver al Estado su papel central en la gestión energética de la nación a través de sus empresas productivas, y los actos de sabotaje emprendidos por las corporaciones y sus voceros –papel que en los hechos desempeñan los directivos de la Cofece, pese a que constitucionalmente ésta es un órgano autónomo del Estado– a fin de mantener el régimen de privilegios y saqueo de losbienes nacionales construido a lo largo de décadas de administraciones neoliberales. Prueba de que, lejos de promover la tan manida competencia, lo que se operó fue un desmantelamiento de la industria energética nacional, es que en los últimos 10 años México se haya convertido en el mercado de exportación más grande para los productos petrolíferos y de gas natural estadunidenses, triplicando sus importaciones de productos refinados desde ese país.

En ese contexto, la carta de los legisladores estadunidenses debe leerse como la enésima injerencia de Washington en los asuntos internos mexicanos. Por su forma y su fondo, se trata de un chantaje con la intención de imponer los intereses de las empresas multinacionales de la superpotencia y descarrilar los esfuerzos de recuperación de la soberanía nacional sobre este sector estratégico. Autoridades y sociedad mexicana deben rechazar en los términos más enérgicos la presión ilegítima lanzada desde el Capitolio, así como cualquier eco que pudiera generar en la Casa Blanca.