El Senado notificó al Instituto Nacional Electoral (INE) que estará a cargo de la organización de la consulta popular en que se preguntará a la ciudadanía sobre el posible enjuiciamiento a los ex presidentes de la República que hayan incurrido en actos de corrupción, luego de que el proceso fue aprobado en ambas cámaras del Congreso.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, comentó que se ordenará además la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la realización de esa consulta, avalada por la Suprema Corte, que se llevará a cabo el 1º de agosto de 2021.

El también coordinador de Morena hizo público el documento en que consideró un logro de la democracia que se pueda llevar a cabo la primera consulta popular y convoca a los ciudadanos a que emitan su opinión respecto a las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.

Precisó que el INE será la única instancia calificadora, ya que estará a cargo de la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de esa consulta que se llevará a cabo el primer domingo de agosto.

Recordó que recientemente presentó una iniciativa para disminuir los requisitos necesarios para promover una consulta popular, con miras a dinamizar el procedimiento, ya que factores como la pérdida de la confianza institucional y el desinterés han generado que la ciudadanía se involucre menos en la toma de decisiones.

La reforma propone reducir el número de firmas que se requieren para solicitar una consulta, del actual 2 por ciento del total de la lista nominal de electores –cerca de un millón 900 personas– al uno por ciento, es decir, 950 mil ciudadanos.

Monreal planteó asimismo que sea suficiente que 30 por ciento de la sociedad y no 40 por ciento, como establece hoy la ley, se pronuncie en favor de lo consultado, para que el resultado sea vinculatorio y las autoridades estén obligadas a acatarlo.

Igualmente, en su iniciativa propone que cada año se realicen las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional.