Debido a la postergación de citas médicas por la pandemia de Covid-19, pero también por la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), gran cantidad de pacientes de cáncer de mama ha interrumpido su tratamiento, lo que pone en riesgo su salud, advirtió un estudio elaborado por organizaciones especializadas en el tema.

En conferencia virtual, representantes de las asociaciones civiles Salvati y Fundación MILC señalaron que, de acuerdo con una encuesta realizada entre 148 pacientes de varios estados en junio y julio de este año, 87 por ciento de ellas se vieron obligadas a suspender sus terapias por más de 60 días.

Otros hallazgos del estudio son que 64 por ciento de ese total no había retomado su tratamiento para el mes de agosto, y que 61 por ciento de las mujeres afectadas le atribuían este hecho a la desaparición del esquema del Seguro Popular y la transición al Insabi.

Por otra parte, 38 por ciento de las encuestadas consideró que la suspensión de sus terapias se debía a la cancelación o reprogramación de citas debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y, 23 por ciento, al desabasto de medicamentos oncológicos.

La encuesta también identificó que 66 por ciento de quienes interrumpieron sus tratamientos en hospitales públicos debieron comprar las medicinas que necesitaban, cubriendo costos de 12 mil a 65 mil pesos mensuales –dependiendo de la gravedad y tamaño de los tumores–, mientras 33 por ciento simplemente no pudo pagar estos costos.

Las expertas señalaron que la Norma Oficial Mexicana 041 establece tiempos de tratamiento para las pacientes de cáncer de mama que no pueden cumplirse debido a todos estos obstáculos. La citada ley indica, por ejemplo, que no deben pasar más de 10 días hábiles para que los casos confirmados de cáncer sean canalizados para su tratamiento en centros oncológicos.

Por todo ello, las organizaciones civiles dieron a conocer un manifiesto en el que exigen a las autoridades que garanticen tratamiento inmediato, integral y gratuito a las pacientes; den atención especializada en instituciones públicas de salud; no dejen sin atender a ninguna mujer por la transición del Seguro Popular al Insabi, y otorguen presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de las pacientes.