Washington. Organismos de inmigración arrestaron a más de 170 indocumentados en una operación de una semana desarrollada en las llamadas ciudades santuario, que son aquellas donde se protege a los migrantes de deportaciones o arrestos, informó ayer el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado de prensa.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas anunciaron el jueves que la operación, dirigida por oficiales de inmigración, se extendió del 3 al 9 de octubre y cubrió las ciudades de Seattle (noroeste), Nueva York (noreste), Charlottesville (sureste) y otras urbes.

Según el comunicado, los inmigrantes estaban requeridos por delitos como abuso infantil, robo de identidad, abuso de menores para comercio sexual y otros crímenes.

Las políticas de santuario han prohibido por mucho tiempo la cooperación de los organismos de la ley en el arresto de criminales extranjeros, precisó el texto. Asimismo, a fines de septiembre y comienzos de octubre, los efectivos de los organismos de inmigración arrestaron a un total de 128 indocumentados en ciudades santuario.

En tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó ayer escuchar argumentos orales sobre el esfuerzo del presidente Donald Trump para excluir a los indocumentados de los totales de población utilizados para asignar distritos legislativos a los estados. El tribunal, que pronto tendrá una mayoría conservadora de 6-3 si el Senado controlado por los republicanos confirma a la nominada por Trump, Amy Coney Barrett, escuchará el caso el 30 de noviembre.

Los grupos que desafiaron la directiva de julio de Trump dijeron que podría dejar a varios millones de personas sin contar y probablemente causar que California, Texas y Nueva Jersey pierdan escaños en la Cámara de Representantes.

Alegaron que la política también podría disuadir a las personas de participar en el censo y argumentan que viola tanto la Constitución como una ley federal que describe cómo se debe realizar el censo.

La medida de Trump había sido bloqueada por una corte menor, y los jueces del tribunal supremo no estaban obligados a considerar la causa. En su orden del viernes indicaron que decidirán el asunto a inicios de enero, cuando Trump debe reportar ante el Congreso los resultados del censo, que se realiza cada 10 años.

Cuando declaró que dicha política era ilegal, un panel de tres jueces federales señaló que nunca en la historia de Estados Unidos han sido excluidos los inmigrantes del conteo de población que determina cómo son divididos entre los estados los escaños en la cámara baja y, por extensión, los votos del Colegio Electoral.