El cabildo de Benito Juárez, Quintana Roo, acordó intervenir temporalmente la concesión a la empresa Intelligencia México SA de CV por no prestar con eficiencia el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos para el cual fue contratada.

En sesión extraordinaria casi a la medianoche del jueves, los concejales decidieron, además, suspender el pago a la compañía hasta que se regularice la situación. También se hizo la propuesta de analizar el camino jurídico para llegar a la rescisión del contrato con la misma pues además de presentar inconsistencias, ésta no realiza su labor adecuadamente.

En la lectura de la minuta de la sesión, el secretario del ayuntamiento, Isaac Jánix, detalló que desde el 14 octubre el servicio de limpia es iregular, sin continuidad ni eficiencia, lo cual se agudizó por problemas internos de la empresa.

En los acuerdos se estableció que la recolección de basura, mientras tanto, estará a cargo del gobierno municipal y se realizará con recursos propios a través de otra empresa; la intervención cesará al normalizarse las labores por parte de la concesionaria.

El supervisor de Recolección de Residuos Sólidos, Antonio de la Torre, afirmó que con el apoyo de 50 volquetes, en 72 horas solucionarán el problema en el municipio.

Los trabajadores de Intelligencia México permanecieron ayer en huelga, la cual iniciaron el miércoles en demanda del pago de aguinaldos y reparto de utilidades de varios años, además de las prestaciones que marca la ley.

En tanto, en Colima, el Tribunal de Justicia Administrativa negó un recurso interpuesto por el ayuntamiento de Manzanillo para reabrir el relleno sanitario, por lo que miles de toneladas de basura permanecen en las calles de la cabecera municipal y sus comunidades rurales.

El 9 de octubre, personal del Instituto del Medio Ambiente del estado clausuró dicho depósito con el argumento de que hubo un derrame de lixiviados sobre el arroyo La Sidra que desemboca en el mar, lo que generó una descomposición del ecosistema y del medio ambiente.

La resolución expone que el otorgamiento de la suspensión ocasionaría un mayor perjuicio a la sociedad que el que tendría el caso negarla.

Se argumentó que el servicio de recolección de desechos sólidos no se paralizó, pues parte de éstos son trasladados al municipio de Tecomán, a unos 60 kilómetros de distancia de dicha ciudad.