Managua. El Congreso de Nicaragua aprobó ayer una polémica ley de regulación de agentes extranjeros, dirigida a controlar los recursos externos que reciben personas y organismos de fuentes internacionales, contra la que ya se habían pronunciado Estados Unidos y el Parlamento Europeo. La nueva legislación, impulsada por la bancada oficialista, fue sometida a votación ayer, un día antes de lo anunciado, y tras dos horas de debates fue aprobada con 70 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones. Criticada desde el exterior al considerarse un intento del gobierno de Daniel Ortega por controlar los fondos de las organizaciones civiles, el grupo parlamentario sandinista justificó la iniciativa como un instrumento para defender la soberanía de injerencias foráneas. La normativa exige a entidades que operan en Nicaragua bajo orden o supervisión de un organismo externo a registrarse como agentes extranjeros ante el ministerio de Gobernación. Ello incluye a consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleadores de servicios de información y consultores políticos, entre otros. Fueron exceptuados de la ley los medios de comunicación internacionales y corresponsales, así como las agencias de cooperación, organismos humanitarios y entidades religiosas acreditados.