os cinco fideicomisos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumulan fondos por 5 mil 280 millones 837 mil pesos, cantidad superior al presupuesto del máximo tribunal para el año próximo, el cual será de 5 mil 159 millones 436 mil pesos. De estos instrumentos, el que fue creado en 2005 para pensiones complementarias es el de mayor cuantía, con 2 mil 479 mil 701 pesos. La mayoría de los fideicomisos de la SCJN se crearon con el dinero de subejercicios del presupuesto anual, hasta que en 2007 la Auditoría Superior de la Federación advirtió que esta práctica estaba prohibida, por lo que desde entonces se sustentan principalmente mediante los intereses que generan.
El origen y la cuantía de los recursos administrados por los fideicomisos del Poder Judicial constituyen una prueba más de que estos mecanismos fiduciarios se han convertido en un presupuesto paralelo colocado al margen de toda fiscalización e incluso de la legalidad. Asimismo, el uso de dos de ellos para el pago de pensiones complementarias
de funcionarios, directivos y trabajadores de base exhibe de nueva cuenta la ligereza con que durante años los integrantes de los tres poderes de la Federación se otorgaron todo tipo de privilegios a expensas del erario, al tiempo que argumentaban la escasez presupuestal para denegar servicios básicos a las mayorías.
Debe recordarse que los instrumentos referidos no se verán afectados por la extinción de 110 fideicomisos y fondos aprobada por la Cámara de Diputados, toda vez que el Poder Judicial es autónomo y únicamente sus integrantes están facultados para decidir acerca de su funcionamiento interno. En este sentido, cabe exhortar a los ministros de la Suprema Corte –en tanto cabezas de este poder– para que actúen en concordancia con principios básicos de transparencia y honestidad restituyendo estos fondos sustraídos a la hacienda pública y absteniéndose de establecer nuevos mecanismos de esta índole.
Sin duda, la desaparición de los fideicomisos del Ejecutivo, y la que pudiera producirse si el Judicial se conduce con la altura de miras requerida, exigirán ajustes reglamentarios y legales que garanticen el apoyo presupuestal completo a los objetivos lícitos financiados hasta ahora a través de estos mecanismos. Pero la importancia de esos fines de ningún modo puede justificar la subsistencia de unos medios diseñados para mantener unas finanzas paralelas en las que el dinero público se administra al margen del escrutinio ciudadano y de la autoridad correspondiente, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
