El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Néstor Vargas Solano, negó que se oculten cifras en cuanto a defunciones en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 y sostuvo que, por el contrario, si hay un gobierno en la República que mantiene abiertos, particularmente los datos de personas fallecidas, es el de la Ciudad de México.

Al comparecer ante comisiones en el Congreso local como parte de la glosa por el segundo Informe de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que haya un colapso en los servicios funerarios, así como en la disponibilidad de lugares en cementerios por los decesos.

Expuso que desde que se elaboró el protocolo para el manejo de personas fallecidas se revisó el catálogo de nichos disponibles en los diferentes panteones locales y se comprobó que hay lugares.

Al responder las preguntas de los legisladores sobre la suspensión de la publicación en el registro de folios por casos de defunciones por el Registro Civil desde el 31 de agosto, con el número 16 mil 271, señaló que pudiera existir un retraso en el portal de datos abiertos que actualiza la Agencia Digital de Innovación Pública, pero el último folio emitido por dicha área es el 24 mil 260 el 24 de septiembre.

Discrepancia de causas

Vargas Solano agregó que ha habido discrepancias sobre las actas de defunción y a quien le compete poner la causa de muerte; corresponde eso a la Secretaría de Salud, por conducto de la Agencia de Protección Sanitaria, ellos son los que levantan los certificados de defunción y con ellos el Registro Civil emite el acta de defunción.

▲ En los quioscos de la salud que ha instalado el gobierno continúa la toma de muestras.Foto José Antonio López

En su exposición, el funcionario explicó que la estadística de 61 por ciento de fallecimientos por sospecha o confirmación de Covid-19 en domicilios, 34 por ciento en hospitales, 3 por ciento en vía pública y 2 en reclusorios, se refiere específicamente a los mil 924 casos de servicios funerarios que fueron gestionados por la Consejería Jurídica entre abril y julio.

En otros temas, el funcionario admitió que persisten prácticas de corrupción en áreas de la dependencia, particularmente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Registro Civil y la Defensoría Pública.

Explicó que entre el 1º de agosto de 2019 al 31 de julio pasado se recibieron 444 quejas contra servidores públicos de los juzgados del Registro Civil, de las cuales se atendieron 432 y 12 están en proceso de resolución, se iniciaron 376 procedimientos administrativos por malas prácticas y se enviaron 29 expedientes a la Contraloría con 40 servidores públicos involucrados, así como tres quejas por faltas graves contra defensores públicos.

Agregó que se han recibido también quejas en contra de notarías y en las visitas de inspección se han detectado también irregularidades, como retardo en trámites, inconformidad en los cobros, errores en instrumentos notariales como nombres y fechas, omisiones en el pago de impuestos y retrasos en la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.