La experiencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha analizado la indagatoria del Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, demuestra que el país necesita el apoyo de instancias internacionales para romper con la dinámica de violencia e impunidad que sufre, la cual no va a terminarse únicamente por la voluntad política de las autoridades.

Así lo indicaron los participantes en el conversatorio virtual Ayotzinapa. Hacia la verdad, organizado este jueves por la organización Amnistía Internacional México, quienes destacaron cuáles fueron las principales dificultades que encontró el GIEI durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando quedó claro que el Grupo no avalaría la llamada verdad histórica.

James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –entidad que organizó la formación del GIEI– señaló durante el foro que una de las grandes ventajas que ha tenido este grupo para profundizar en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos es justamente su procedencia externa y su independencia del gobierno local.

Debió llegar desde afuera un equipo con garantías, con seguridad, sin posibilidad de corromperse en México, gracias a dios, porque cuando un mexicano no cumple lo ordenado por grupos de delincuentes, sabe que puede morirse él y su familia, lamentó el hoy director de la organización University Network for Human Rights.

En ese contexto, el especialista resaltó que México está en el momento de aceptar el apoyo internacional de grupos como el GIEI para quebrar el ciclo de impunidad. No basta con declarar que se va a acabar toda violación de derechos humanos en el país. No es suficiente; debemos juntar capacidades y fuerzas para superar este grave problema.

Cavallaro recordó que la actitud del gobierno anterior de México cambió bruscamente cuando supo que el GIEI no avalaría la verdad histórica –según la cual todos los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula–, lo cual incluso tuvo consecuencias políticas para la CIDH, como el recorte de los fondos que normalmente le aportaba el país al organismo interamericano.

Por su parte, Carlos Beristáin, integrante del GIEI, subrayó que este colectivo encontró fuertes resistencias en las instituciones mexicanas para citar a militares supuestamente involucrados en los hechos y para clasificar lo ocurrido como una desaparición forzada, también consideró que para llegar a la verdad hace falta más que buena disposición de los gobernantes. No sólo se requiere voluntad política, sino también metodología y trabajo, enfatizó el médico y sicólogo español, quien de todas formas saludó los avances que ha habido en la actual administración, entre ellos “no aferrarse a la ‘verdad histórica’” y empezar a detener a ex funcionarios supuestamente involucrados en la desaparición de los 43.

Beristáin lamentó que la tortura cometida en el gobierno anterior a algunos acusados de los hechos hizo que muchas pruebas quedaran inservibles porque no sabes qué es verdad y qué es mentira, pero al mismo tiempo destacó la importancia de que los familiares de los estudiantes sigan luchando y mantengan el asunto en la agenda pública.