Más de 500 familias han resultado afectadas por el retiro de módulos comerciales del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, mismas que están al borde de la quiebra, denunciaron el presidente Roberto Victoriano y el secretario Carlos Daniel Medina de la Asociación de Permisionarios del organismo.

Comentaron que continúa la represión ejercida por la administración a cargo de Florencia Serranía, a grado tal que, debido de las movilizaciones y denuncias realizadas, les han revocado permisos aún vigentes, dando excusas como que nuestro permiso no tiene plano, cuando éste lo elaboran las autoridades del Metro.

Señalaron que el acoso hacia la asociación empezó en febrero, al manifestarse por el cierre de un local en la estación Zócalo, el cual después abrieron porque fue una mala actuación del servidor público, aunado a un oficio que fue enviado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el que se pedía la reapertura de los módulos y se acusaba de que el Metro no los atendía.

Medina lamentó que en plena pandemia hayan sido despojados de sus fuentes de empleo, incluso dijo que “Miguel Ángel Monroy, subdirector general de Administración y Finanzas, así como Paul Moreno Dávalos, subgerente de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR), han expresado que no les regresarán sus módulos, y sin ellos lo perdemos todo.

Rechazó que haya permisos irregulares y algunos de los que han desconocido los hemos llevado a tribunales, porque nuestra única defensa ha sido con amparos y juicios de nulidad y hemos ganado todos.

Tras el llamado del STC de tratar la situación de los locales, decidieron acudir a sus oficinas; sin embargo, nos intimidan como si fuéramos delincuentes, además de exigirnos dejar nuestros teléfonos celulares antes de entrar a reuniones; por tal motivo ya no se han llevado a cabo.

Después de realizar una protesta hace poco más de una semana, fueron atendidos por Mario Camaño, director de Concertación Política y Prevención de la Subsecretaría de Gobierno, pero al final nos vuelven a enviar al Metro, por ello, reiteraron que la jefa de Gobierno sea quien revise su situación.