Eduardo Contreras, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México, afirmó que “la iniciativa prohibicionista que impulsa el Congreso local por medio de la cual pretende sancionar con multas y hasta clausuras a comerciantes establecidos que expendan productos chatarra, promoverá el mercado informal que ya inunda las calles y la economía de la capital del país, pues estos mismos productos se venden en la vía pública sin ninguna restricción, ni siquiera sanitaria.

En el ambulantaje no existe ningún tipo de regla, ningún tipo de sanción, lo único que se estaría cancelando es a los pequeños comercios bien establecidos que pagan impuestos y pagarán los platos rotos de iniciativas que no ayudan a la economía, pero un apoyo muy grande sería que quitaran este tipo de leyes hasta que pudiéramos llegar a un punto de equilibro y salir de la crisis que ha dejado la pandemia, indicó.

El líder empresarial lamentó que en la promoción de la iniciativa ni siquiera hayan sido considerados los sectores a los que afectará, como los pequeños comercios, consumidores, trabajadores y productores que debían ser consultados.

Señaló que alrededor de 15 por ciento de las tiendas de abarrotes han debido cerrar al no poder contrarrestar la disminución de sus ventas.

La amenaza prohibicionista afectaría aún más las ventas de estas familias y la cifra de negocios obligados a cerrar podría aumentar dramáticamente, poniendo en jaque a por lo menos 40 por ciento de pequeños negocios en pleno intento de recuperación”, añadió.

Tan sólo en la Ciudad de México existen alrededor de 121 mil 883 pequeñas empresas dedicadas al comercio minorista de abarrotes, las cuales representan una fuente de empleo para al menos 900 mil personas, apuntó.

Tras el confinamiento para contener la pandemia han tenido una pérdida económica promedio de 25 por ciento en sus ventas.

Los alimentos que buscan prohibir son de alta demanda y motores de venta de muchos comercios, la mayoría familiares, por lo que los diputados locales tendrían la obligación de consultar a los sectores afectados y en conjunto construir un plan gradual que esté a la altura de las necesidades de la sociedad sin atentar contra la recuperación económica de los pequeños comerciantes, señaló el dirigente.