Guadalajara, Jal., El choque entre realidad y discurso caracteriza la estrategia del gobierno de Jalisco para enfrentar la pandemia de Covid-19. Si bien el gobernador Enrique Alfaro ordenó el cierre de escuelas una semana antes y se impuso el confinamiento con 15 días de antelación respeto del resto del país, hoy los constantes anuncios de un exitoso manejo de la crisis sanitaria se desmoronan ante el creciente número de contagiados y muertos.

Con 8 millones 256 mil habitantes en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Jalisco tiene 6.54 por ciento de la población total del país y concentra 7.4 por ciento de los contagios de coronavirus de México, al llegar el sábado a 35 mil 260 casos confirmados. En la República sumaron 475 mil 902.

En tanto, hasta el sábado se habían documentado mil 754 defunciones por Covid-19 en Jalisco y 52 mil 6 en el país; es decir, 3.37 por ciento del total; sin embargo, según los indicadores de las dos semanas recientes, el porcentaje del estado es cada vez mayor.

El único gobierno estatal emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) se ha distinguido no sólo en la contingencia sanitaria, sino desde el año pasado, por mantener una confrontación con notorios tintes políticos con el gobierno federal, surgida desde las campañas de 2018, cuando Alfaro fue miembro prominente del grupo de apoyo al frustrado candidato presidencial panista Ricardo Anaya.

Antes de la pandemia, el mandatario jalisciense dijo que no se sumaría al esquema federal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que la política y los recursos del sector se manejarían con un criterio local.

Después del 23 de marzo, cuando ocurrió la primera muerte por coronavirus en el estado, Alfaro rápidamente pidió primero un préstamo quirografario –a pagarse este año– de mil millones de pesos y luego otro de 6 mil 200 millones de pesos.

Ambos préstamos hicieron que en año y medio la administración alfarista aumentara la deuda estatal en 22 mil 108 millones de pesos, un hito para la entidad.

Según diputados del Partido Acción Nacional, dicho monto se compone de préstamos por 5 mil 639 millones de pesos en contratos multianuales de arrendamiento; 3 mil 419 millones de pesos para rehabilitación y mantenimiento de tramos carreteros; 5 mil 250 millones de pesos de un crédito a largo plazo en marzo del año pasado y mil 600 millones de pesos en créditos quirografarios, lo que equivalía hasta junio pasado a un ritmo de endeudamiento superior a los 41 millones de pesos diarios.

Comité de vigilancia a modo

Ante el escozor público por el acelerado endeudamiento de Jalisco, Alfaro anunció que para vigilar el buen uso de los 6 mil 200 millones de pesos de nueva deuda se creó un comité de evaluación y seguimiento que vigila el cumplimiento de obras y proyectos de infraestructura incluidos en el plan de reactivación económica apalancado con la deuda.

Sin embargo, dicho comité lo integran representantes de organismos cúpula del sector privado, empresarios, universidades particulares e incluso familiares, por medio de la empresa inmobiliaria Tierra y Armonía, todos ellos beneficiarios de recursos o de obras públicas.

En cambio, la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) advirtió falta de transparencia e información complementaria en los gastos que realiza la administración estatal con motivo de la pandemia de Covid-19.

Al emitir un primer informe en julio, la ASEJ hizo 15 observaciones o áreas de oportunidad para el Ejecutivo, y pidió –sin respuesta hasta ahora– publicar todos los acuerdos sobre la ampliación automática de partidas y la apertura de cuentas bancarias especiales para enfrentar el coronavirus.

Asimismo, solicita detallar el destino de 67 millones de pesos recortados a otros poderes y organismos públicos, entre ellos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para hacer más grande la bolsa supuestamente destinada para la atención de la pandemia.

Por otra parte, Alfaro ha calificado de demagogia disminuir los salarios de los funcionarios públicos como medida de austeridad, pues dice que los ahorros se dan con el recorte a diversas dependencias para redirigir los recursos al plan contra la emergencia sanitaria.

En días recientes el portal noticioso Emeequis documentó la adquisición de una flotilla de 377 vehículos modelo 2020 para los funcionarios estatales, que incluye camionetas de lujo y vehículos eléctricos.

La reapertura económica de Jalisco también ha sido motivo de controversia con el gobierno federal y el gobernador de Jalisco ha calificado de traidor a la patria al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la secretaría del ramo, Hugo López-Gatell.

La semana pasada el mandatario de MC anunció la reapertura de diversos sectores, incluidos cines y casinos, pero de inmediato la Universidad de Guadalajara rechazó el decreto al subrayar que seguía en ascenso la cifra de contagios, y recordó que el 5 de agosto se registró el número más alto de infecciones con 789 y que el pico de la pandemia se extenderá al menos hasta mediados de septiembre.

Las contradicciones de Alfaro también han sido notorias en su trato con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quien en julio pasado prometió buscar una relación más cercana y dejar atrás las diferencias exacerbadas por la pandemia.

Días después, en conjunto con nueve gobernadores de oposición, dijo en una carta para exigir la renuncia de López-Gatell que la política del gobierno federal tiene a México al borde del colapso económico y de una crisis humanitaria por el creciente número de contagios de Covid-19.