El cierre de escuelas y su impacto en el acceso a educación tendrá costos a largo plazo en la desigualdad. El riesgo es que toda una generación –de nueva cuenta la más pobre– arrastrará menores competencias e ingresos laborales a lo largo de su vida, advirtió el Banco Mundial (BM).

En México, al menos 21 millones de niños están en pobreza, condición que se amplía entre la población indígena, donde ocho de cada 10 la vive. Dichos números son reflejo de un sistema educativo atravesado por una discriminación estructural antes de la pandemia de Covid-19, explicó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Al respecto, el BM apremia a una respuesta amplia para garantizar el acceso equitativo a la educación en países de ingresos bajos y medios, como México. “Los niños que necesitan más enseñanza para salir de la pobreza serán quienes probablemente estarán más privados de ella debido a la crisis (…), ya que sólo los estudiantes de familias más acomodadas y educadas tendrán apoyo para seguir aprendiendo en casa”.

El organismo alertó que la combinación de una masa de población joven con perspectivas de pobreza puede ser explosiva, debido a que la enseñanza está relacionada con tasas más bajas de criminalidad que en otros lugares, como en México, donde la alta deserción de la escuela secundaria termina en jóvenes atrapados en la violencia de la guerra contra las drogas.

En entrevista, Martín Pérez subrayó que entre las primeras causas que ampliarán esa desigualdad está el acceso a la tecnología. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares documenta que en todo rubro el rezago se impone en los entornos rurales y en los hogares de menores ingresos. No sólo hay carencias en el acceso a una computadora e Internet, sino también el contar con una televisión digital e incluso energía eléctrica.

El año pasado había 19 millones 881 mil 282 hogares sin computadora; en ellos, 53 por ciento argumentó falta de recursos económicos para tener una y en 16.5 por ciento más se dijo no saber cómo usarlas. Incluso, entre quienes dijeron contar con una, pero no Internet, 50.7 por ciento explicó que se debía a falta de recursos y 15.9 por ciento expuso que no hay infraestructura para llevar el servicio a esa comunidad.

La televisión –medio que se usará en el país para brindar el servicio educativo– es el aparato de mayor distribución en los hogares del país. Pero el acceso a ésta también gira en torno a la localización e ingresos. En zonas urbanas 94.6 por ciento tiene acceso, frente a 85 en las rurales. En hogares de recursos altos llega a 96.9 y en bajos se queda en 83.

Adicionalmente, entre los 33 millones 33 mil 882 hogares con un televisor, 17.2 por ciento –que equivalen a 5 millones 694 mil 985– no cuenta con señal digital, la cual permite tener acceso a los canales que transmitirán la clases públicas. En población de bajos recursos esa proporción va hasta 27.7, prácticamente seis veces el 5.1 de hogares con mayores ingresos.

El BM reportó que si bien los mejores programas de intervención en el sistema educativo han aprovechado plataformas (como televisión, radio y teléfonos celulares) que pueden llegar a cada niño, independientemente del ingreso familiar, son necesarias también ayudas financieras para estudiantes en riesgo y campañas de reinscripción para evitar la deserción escolar.

Al reportar que en América Latina y el Caribe, incluso en herramientas básicas para estudio como un escritorio, hay una brecha de 41 puntos porcentuales entre un hogar de ingresos bajos y altos, el BM advirtió: Cuando reabran las escuelas, los niños más vulnerables se encontrarán incluso más atrasados en comparación con sus pares.

Sobre el tema, el director de la Redim explicó que el programa educativo emergente se queda corto en garantizar el acceso a la educación. Además de tejer un plan con los proveedores de servicios de telecomunicación para bajar el costo del servicio a los hogares, es central la conciliación laboral con la dinámica escolar para que se dé flexibilidad en el trabajo a los padres y los menores no queden solos en sus casas, enfatizó.

Por el momento, agregó, 5 millones de niños y adolescentes se encontrarán fuera del sistema educativo. La mitad de ellos, mujeres jóvenes que en su mayoría dejan de cursar el bachillerato, en parte por razones económicas. El riesgo está en profundizar esta desigualdad de género, sostuvo.

Es posible prever que quienes ya no van a regresar a la escuela, se van a tener que quedar a cuidar a los hermanos, prepararles la comida e incluso acompañarles en términos académicos van a ser las hermanas mayores, mujeres adolescentes, por la cultura machista que tenemos en este país, recalcó.