La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) logró que se demuelan siete pisos construidos de manera ilegal en el desarrollo inmobiliario de Baja California número 370, colonia Hipódromo, en Cuauhtémoc, después de tres años de juicio y sin representar un solo peso para el erario, anunció su titular, Mariana Boy Tamborrell.

Este, dijo, es el primer juicio que ganamos y es un gran logro para toda la ciudad, pues se trata de un ejemplo afortunado de justicia restaurativa, que respeta los derechos de los habitantes y revierte el daño causado y las irregularidades cometidas en materia urbana.

El caso de Baja California sentará un precedente, ya que ahora los desarrolladores que cometan irregularidades saben que hay consecuencias jurídicas, y puede darse el delito de responsabilidad de corresponsable de obra, afirmó.

De acuerdo con el calendario de demolición entregado por Inmobiliaria Ghetto Arquitectos, los trabajos empezarán el 18 de agosto en siete pisos, un promedio de 23 metros, cuyos gastos serán pagados en su totalidad por el particular.

Ni la administración capitalina ni la alcaldía de Cuauhtémoc erogarán un peso, luego de que el Tribunal Superior de Justicia emitió una sentencia condenatoria contra el apoderado legal y el director responsable de obra (DRO).

Los vecinos fueron quienes desde 2016 dieron la primera batalla, y en julio de 2017 la procuraduría interpuso la denuncia penal.

En marzo pasado, el representante del inmueble firmó un convenio para desistirse del recurso de revisión de la sentencia que le ordenó demoler los niveles excedentes, y propuso presentar un programa calendarizado del proceso de demolición.

Resolución incompleta

Rafael Guarneros, coordinador del comité fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo, quien denunció la construcción ilegal de dichos niveles hace cuatro años, consideró que esta medida restituye parte de la legalidad.

La aplicación de multas al desarrollador, la inhabilitación y retiro de su cédula al director responsable de obra, y una sanción a los integrantes de la comisión encargada de autorizar a los DRO, que encabezan los secretarios de Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a funcionarios de la alcaldía, serían otras acciones que faltan emprender, consideró.