Los poco más de 2.2 millones de trabajadores de las distintas instancias de gobierno, congresos estatales, órganos autónomos, universidades e instancias públicas, padecen de un sistema de pensiones fragmentado que vulnera la posibilidad de tener recursos suficientes para el retiro. Mientras la Auditoría Superior de la Federación estima que en el país hay 105 sistemas de pensión, especialistas calculan que en realidad hay cerca de mil.

Eso provoca que la movilidad laboral en instancias públicas y de gobierno deje fuera de la posibilidad de pensiones a un elevado porcentaje de burócratas.

La Ley del Issste establece que los trabajadores del llamado apartado B del artículo 123 Constitucional están limitados a una pensión que no puede superar 10 salarios mínimos, lo cual afecta no sólo a funcionarios públicos, sino también a investigadores de alto prestigio de institutos educativos y de investigación, lo que obliga a muchos de ellos a alargar lo más posible su vida laboral.

El problema es que hay un fragmentado sistema de pensiones, el del IMSS, el del Issste, de cada entidad federativa, de los municipios, la Banca de Desarrollo y complementarios, indicó la académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Ascensión Morales.

Subrayó que no hay certeza de cuántos sistemas pensionarios hay en el país, por lo que para realizar una reforma se requiere un inventario de todos ellos.

En años recientes, a nivel federal y estatal, los únicos cambios al sistema de pensiones para el sector público se han enfocado a aumentar la edad de jubilación, pero no se resolvió el problema de fondo, agregó.