n fechas recientes, varios países del continente han sido escenario de manifestaciones sociales en que se recurrió al uso de la fuerza para mantener o restablecer la seguridad y el orden público, en algunos casos con resultados desafortunados. Estos episodios ponen en evidencia la importancia de cumplir con el derecho internacional y los estándares internacionalmente reconocidos en materia de uso de la fuerza.

En el contexto latinoamericano, el mantenimiento del orden público es un gran desafío para los gobiernos, dados los altos índices de violencia y disponibilidad de armas ligeras. En su respuesta, los cuerpos de seguridad tienen la responsabilidad de manejar situaciones a menudo delicadas sin escalarlas: esto implica una preparación que prevea el uso de herramientas para enfriar la situación. En tanto, en circunstancias donde hay necesidad de emplear la fuerza, y considerando las graves consecuencias potenciales para la vida y la salud de las personas en un escenario de fuerza excesiva, la elección de utilizar armas y equipamiento se vuelve una cuestión fundamental.

Los estados y sus fuerzas de seguridad deben enmarcar sus acciones para cumplir con los principios que rigen la facultad de emplear la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas; aun cuando empleen armas y equipamiento como parte de su respuesta ante cualquier situación bajo el concepto de hacer cumplir la ley.

Para ello se debe asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con un rango amplio de medios que les permita hacer un uso diferenciado de la fuerza en atención al nivel de amenaza presentado. Esto podría incluir el uso de armas de fuego, con las debidas condiciones y limitaciones jurídicas que su empleo supone, pero también de otras vías para responder, según lo estrictamente necesario y proporcionado, como el uso de equipos de control y protección o las denominadas armas menos letales, las que presuntamente suponen menor riesgo de lesiones graves o la muerte.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización humanitaria que trabaja en conflictos armados y otras situaciones de violencia, describir un arma exclusivamente en función de su letalidad es engañoso. Dependiendo del arma, la forma de su uso y las circunstancias en que se emplee, se puede invariablemente causar lesiones graves o incluso la muerte. Muchas escenas con resultados lamentables en que se ha visto el disparo de balas de goma a la cabeza o el tórax, o a corta distancia, así como el empleo de agentes químicos como gases lacrimógenos en espacios cerrados, o el uso de armas que liberan descargas eléctricas seguidas en el cuerpo, dan cuenta de estos potenciales riesgos.

En un esfuerzo por integrar el derecho internacional y los estándares globales en uso de la fuerza a las doctrinas, educación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad, el CICR mantiene diálogo constante con los gobiernos de muchos países en el mundo.

Es por ello, y dada la coyuntura actual, que el CICR ha publicado el documento El empleo de armas y equipamiento en las operaciones para hacer cumplir la ley. Preguntas y respuestas. Allí compartimos reflexiones acerca de la elección y empleo de armas en operaciones de mantenimiento del orden, condiciones para el uso de armas de fuego y otras formas de fuerza letal y potencialmente letal, el equipamiento que las fuerzas de seguridad deberían emplear, así como los riesgos asociados a las denominadas armas menos letales.

Si bien los estándares internacionalmente reconocidos sobre uso de la fuerza no constituyen de por sí normas vinculantes, guían la aplicación y respeto por normas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos que sí gozan de tal carácter, como el derecho a la vida y la obligación de protegerla, así como la integridad personal. En otras palabras, el respeto de dichos estándares condiciona el respeto del derecho.

Incluso se podría considerar que los dos instrumentos donde estos principios son recogidos primordialmente: el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, reflejan una forma de actuación tan arraigada en las diferentes fuerzas de seguridad en el mundo que por dicha costumbre y su aceptación generalizada a lo largo del tiempo, revelan hoy obligaciones vinculantes de derecho internacional para los estados.

Las fuerzas de seguridad y sus gobiernos tienen una responsabilidad hacia la protección de la vida, la integridad y salud de los individuos. En las operaciones de mantenimiento del orden público, incluidas las manifestaciones sociales, o incluso en estos tiempos de pandemia, esas obligaciones no cambian, ni las normas y principios jurídicos que las rigen.

*Asesora jurídica de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central