Organizaciones civiles demandaron al Senado ampliar el debate sobre la iniciativa de la ley general de salud mental, impulsada por la legisladora Geovanna Bañuelos (PT), ya que advirtieron que no mejora el sistema de atención actual.

Tras las protestas e inconformidades de distintas agrupaciones, el Senado retiró de la agenda del periodo extraordinario la discusión del dictamen para que se analice en parlamento abierto, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

Esta iniciativa ha generado discusión pública en distintas instancias de la sociedad civil y hoy la senadora conversó conmigo sobre la decisión que ha tomado, junto con su grupo, la cual me alegra, señaló Monreal en un video difundido en redes sociales, en el que informó del retiro de este punto que originalmente estaba previsto ponerse a votación hoy.

Junto a Monreal, la legisladora petista argumentó que no se pueden postergar las decisiones y responsabilidad del Estado mexicano respecto a la atención de este tema, y convocó a abrir canales de discusión y debate a partir de septiembre.

No obstante, destacó que no es sano que se apruebe una ley que ya ha sido estigmatizada mediáticamente o que se ponga en entredicho la vulneración de los derechos humanos y no se garantiza el pleno derecho de la salud mental. Sería en detrimento de todos aquellos que requieren atención adecuada.

En conferencia, Ángel María Salvador Ferrer, de la organización Documenta, expuso que el proyecto apuesta por un modelo de tratamiento biofarmacológico, donde lo que se pretende es que las personas aspiren a la rehabilitación, que es un enfoque obsoleto, ya que los estándares actuales dictan que se debe ir hacia la recuperación del bienestar.

Además, dijo que en 12 estados de la República ya existen leyes de salud mental que no han mostrado una mejora en la atención en este renglón, porque el problema es que siguen reproduciendo este modelo manicomial, sobre todo mediante violaciones a derechos humanos como son los internamientos involuntarios y los tratamientos farmacológicos forzados, que han sido denunciados internacionalmente.

Refirió que la Relatoría Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad ha mencionado que recluir en espacios de salud mental a personas por un supuesto peligro para sí mismas o para los demás, por necesidad de recibir cuidados o por una necesidad médica, es ilegal y arbitrario.