Al cumplirse 70 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sus familiares y compañeros volvieron a demandar verdad y justicia, y pidieron que los funcionarios del sexenio pasado que entorpecieron las indagatorias sean detenidos y procesados.

Tanto en la Ciudad de México como en Guerrero exigieron que el gobierno federal deje a un lado las cortinas de humo y resuelva el caso castigando a los autores materiales e intelectuales.

Ayer, como hacían cada día 26 del mes –hasta que tuvieron que parar por la pandemia por el Covid-19–, los reclamos de justicia para los normalistas y sus familias volvieron a escucharse en las calles. Luego de cuatro meses de confinamiento, se celebró en la capital del país la 70 acción global por Ayotzinapa.

Una treintena de personas se congregó en el llamado Antimonumento a los 43, en Paseo de la Reforma, para exhortar al Poder Judicial a agilizar los procesos contra los implicados en la desaparición forzada de los estudiantes, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Exigieron, además, que se detenga y procese a los ex titulares de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, y de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio –prófugo de la justicia– y al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Debido a los riesgos que aún representa la congregación en actos públicos a causa del Covid-19, padres y madres de los 43 no participaron en la manifestación. Estuvieron en cambio estudiantes de algunas normales del país e integrantes de organizaciones sociales, quienes a nombre de las familias llamaron a acabar con la impunidad en la que se encuentra este caso.

En Guerrero, a cinco años y 10 meses de la desaparición de los 43 y de la ejecución de tres estudiantes más ocurrida en Iguala, la representación del comité ejecutivo estudiantil Ricardo Flores Magón, consideró que las cortinas de humo tienen como finalidad apaciguar el movimiento.

La dirigencia de ese comité estudiantil manifestó que a pesar de que el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, afirma que no participó, se encargó de maltratar y retratar a nuestros compañeros, como si fueran delincuentes, y antes (en 2011), el entonces gobernador Ángel Aguirre se manchó las manos de sangre, cuando con los policías asesinaron a dos compañeros.

Francisco Javier Echeverría de Jesús, hermano de Gabriel, asesinado en las acciones de diciembre de 2011, señaló: a los involucrados del caso Ayotzinapa los están agarrando, pero no los están procesando por la desaparición y la muerte de los compañeros.

Con información de la Redacción