Un mercado eléctrico con valor superior a 830 mil millones de pesos anuales confronta a las empresas privadas generadoras de energía eléctrica y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por un lado, las firmas privadas buscan mantener privilegios obtenidos en la reforma energética de 2013. Por otro, la CFE pretende que le sean reconocidos y pagados los costos generados por respaldar a sus competidores.

La apertura del sector, que se inició en 1992, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, continuó en las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y concretó 21 años después, con la promulgación de la reforma energética aprobada en 2013, en la administración de Enrique Peña Nieto, redujo las capacidades operativas, financieras, de inversión y de servicio de la CFE.

El desplazamiento de la compañía del Estado por empresas privadas comenzó el 23 de diciembre de 1992, cuando se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la cual se incluyen nuevos esquemas de producción de generación de energía: independientes, autoabastecedores, importadores y exportadores.

Los cambios de 1992 separaron las actividades de interés público de las que no lo son, dando origen en 1995 a la Comisión Reguladora de Energía, la cual se ha encargado de otorgar permisos a productores independientes para la generación de energía eléctrica, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que éstos son anticonstitucionales.

Dichas reformas permitieron no sólo la participación privada en la generación eléctrica, sino que con ellas se desarticuló, al distinguir lo que es y no público, el modelo fundador de la empresa pública nacionalizada, los marcos de regulación monopolista (artículos 25, 27 y 28) y jurídico del servicio público, así como la política energética.

Actualmente alrededor de 50 por ciento de la electricidad que circula en las redes de transmisión y distribución es producida por empresas privadas, en su mayoría de capital español.

Algunos números

De acuerdo con informes financieros de la CFE, la empresa obtuvo en 2019 ingresos por 556 mil 152 millones de pesos, de los cuales 415 mil 315 millones se consiguieron únicamente por la venta de energía.

Así, se desprende que el otro 50 por ciento del mercado tiene un valor similar, por lo cual se calcula que la valoración total es superior a 830 mil millones de pesos anuales.

Al cierre de 2019 estaban registrados ante el Centro Nacional de Control de Energía 96 participantes de mercado (20 en proceso de empezar actividades en el mercado eléctrico) en la modalidad de generadores, los cuales cuentan con centrales de generación de tecnologías de alta eficiencia y renovables, lo que, en un mercado basado en costos, representa una ventaja competitiva importante.

A partir de la reforma energética promulgada en 2013, la iniciativa privada puede participar en actividades de generación y comercialización eléctrica, así como, en forma limitada (mediante contratos), en labores de transmisión y distribución.

Esos cambios podrían dar lugar a mayor competencia en algunos sectores en que opera la CFE y los resultados operativos y financieros pueden verse afectados de manera adversa, advierte su más reciente reporte anual enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La CFE ha denunciado abusos en la figura de autoabasto, que surgió en 1992, ante la solicitud de las grandes empresas mineras, acereras y cementeras, entre otras, para generar energía eléctrica.

Sin embargo, se ha presentado una distorsión, porque se han convertido en sociedades de autoabasto, en las cuales se comercializa la energía entre sus socios, con tarifas de porteo (flete por conducción de energía) muy por debajo de las que existen a escala mundial.

Bajo la figura de autoabasto operan 303 centrales, que despachan energía mediante contratos a 70 mil 318 socios.

La CFE detectó sociedades de capital mínimo (un dólar), las cuales (generadores y socios) utilizan la infraestructura de transmisión y distribución de la compañía eléctrica nacional.