Martes 14 de julio de 2020, p. 30
Condonación del pago de agua y predial para arrendadores, otorgamiento de créditos para construcción a personas de escasos recursos y la creación de un fondo de apoyo para inquilinos, fueron algunas de las propuestas de especialistas para garantizar el derecho a la vivienda de los capitalinos.
Durante un foro vía internet organizado por el diputado Eduardo Santillán, abogados y funcionarios llamaron al Congreso de la Ciudad de México a dictaminar con equidad la reforma para conciliar el pago de renta durante una emergencia, a fin de no afectar a ningún particular.
Miguel Ángel Beltrán Lara y Homero Díaz, representantes de los colegios de Profesores de Derecho Civil y de Notarios, respectivamente, explicaron que la reforma no abona a resolver el problema de vivienda en la ciudad, y de aprobarse se encarecería la renta de inmuebles para habitar.
Beltrán manifestó: Lo que se debe buscar es proteger los arrendamientos de las personas de bajos recursos, ya que consideramos que si se aprueba en estos términos, se fomentaría la ilegalidad
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En tanto, Díaz propuso fijar incentivos fiscales en favor de los arrendadores, crear un seguro de pago de primas con el que se garantice el pago del alquiler, que el inquilino pueda garantizar el pago de la renta con el saldo de su subcuenta de vivienda, y que la autoridad elabore un programa de apoyos económicos a los inquilinos.
En tanto, la titular de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, dijo que la reforma no debe afectar a ninguna de las partes, pues el tema no es menor, ya que alrededor de 700 mil viviendas en la capital son rentadas.
El titular del Poder Judicial local, Rafael Guerra, puso a disposición la plataforma del Centro de Justicia Alternativa para resolver conflictos entre particulares; esto, mientras concluye la dictaminación.
En el foro, que duró cinco horas, participó el abogado Carlos Escoffié, integrante del grupo redactor de la propuesta de reforma, quien dijo que el objetivo es garantizar el derecho humano a la vivienda, así como establecer un sistema integral de acompañamiento y atención a las personas desalojadas, consideradas como grupos vulnerables.