Aun cuando se ha avanzado en la conformación del anteproyecto de la nueva Ley General de Educación Superior, todavía quedan temas importantes a discutir entre los legisladores, como el financiamiento público, evaluación, regulación de las escuelas normales y una redacción satisfactoria para blindar la autonomía universitaria.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) habría entregado este fin de semana observaciones, propuestas y comentarios al último borrador del 25 de junio, en el que los rectores insisten, entre otras cosas, en una entrega oportuna de recursos por parte de los gobiernos estatales, la elaboración de presupuestos multianuales y blindaje a la autonomía universitaria, con el fin de evitar cualquier tentación de los gobiernos o Congresos locales en modificar las leyes orgánicas de las casas de estudio.

En la última versión del anteproyecto no está definida, por ejemplo, la fecha de entrada en vigor del fondo de gratuidad, prevista en la reciente reforma constitucional. y mediante el cual el Estado asumiría la totalidad del financiamiento, por lo que dejaría de lado las cuotas que se cobran a los alumnos.

No se ha definido si dicho fondo entraría en operación en 2021 o 2022 y si se aplicaría de manera gradual. Y es que en caso de darse de forma total e inmediata. se necesitarían alrededor de 18 mil millones de pesos adicionales a los recursos anuales que ya reciben las universidades públicas, de acuerdo con estimaciones de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).

No es un tema sencillo, no existe como tal una partida presupuestal para gratuidad al 100 por ciento y hay que hacerlo de forma planeada. Ninguna universidad nos negamos, pero parte de nuestros recursos tienen que ver con el cobro de cuotas, que si bien no son altas, también son importantes para nuestro funcionamiento, dijo la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, al ser consultada sobre el tema.

Aunque el financiamiento y fondo de gratuidad están previstos en la Constitución, actualmente se analiza con la Secretaría de Hacienda la seguridad de contar con recursos suficientes, a fin de que esta ley no quede sólo en buenas intenciones, sino que lleve el respaldo financiero para cumplir con la Constitución.

Los legisladores de las Comisiones de Educación de las cámaras trabajan en el anteproyecto, reciben las aportaciones de los rectores y se plantea un periodo de parlamento abierto con la finalidad de alcanzar el máximo de consensos; se pretende entregar dicho documento al Ejecutivo para que, una vez revisado, lo regrese al Congreso como iniciativa de ley.

Según la agenda, la aprobación se haría en septiembre, aunque legisladores han expresado que podrían tomarse más tiempo, pero quedaría este mismo año.