omprensible preocupación muestra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a las iniciativas de reforma, en algunas entidades federativas, para promulgar leyes que permitan a los padres de familia impedir a sus hijos que asistan a los cursos sobre educación sexual y salud sexual y reproductiva, cuando estos no coincidan con sus convicciones (las de los padres) morales o religiosas. Según el argumento de quienes promueven esas iniciativas, a los progenitores correspondería decidir el tipo de educación que reciben sus vástagos, en especial en temas relacionados con la sexualidad y los modelos de integración familiar, desconociendo eventualmente los programas educativos oficiales basados en el respeto y promoción de los derechos y valores humanos.

Las iniciativas de reforma, que en México han sido presentadas o están en distintas etapas de ese proceso en varios estados (Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Veracruz), tienen como eje el llamado pin parental. Sintéticamente descrito, este recurso consiste en una solicitud por la cual las autoridades de los centros educativos deberían informar previamente a los padres de los estudiantes sobre materias, cursos y talleres relacionados con algunos aspectos de la sexualidad, a fin de que aquéllos den –o no– su consentimiento para que sus hijos asistan. En esencia, el pin parental propone que el derecho de los padres a educar a sus hijos e hijas según sus criterios morales esté por encima del derecho de los niños y niñas a recibir una educación laica, científica y cuyos contenidos obligatorios se incluyan en programas y planes de estudio como lo dispone el artículo 3 constitucional, la perspectiva de género y una orientación integral que aborde el conocimiento (…) de la salud sexual y reproductiva.

Ya antes del pronunciamiento de la CNDH sobre el tema, la Secretaría de Gobernación había dado a conocer un comunicado donde describía en términos inequívocos el carácter de las iniciativas de reforma comentadas. Afirmaba el texto del comunicado que el denominado pin parental es ...una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. Y remataba expresando que niega el derecho a una educación con perspectiva de género, como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia. Como consecuencia de ese análisis, la Secretaría de Gobernación (junto con otros organismos cofirmantes del comunicado) instaba a los congresos estatales a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres.

El enfoque propuesto por los promotores del pin parental comenzó a tomar fuerza en España hace un par de años, a instancias del ultraderechista partido Vox, y desató una polémica tan áspera como la que podría desatarse en nuestra nación si dichas iniciativas encuentran eco en las legislaturas locales. De ahí la oportunidad del pronunciamiento de la CNDH sobre la cuestión y su señalamiento de que esas iniciativas, además de ser inconstitucionales, atentan contra los derechos humanos en general y los que conciernen a la niñez y la adolescencia en particular.