Graves afectaciones al medio ambiente, inseguridad y falta de respeto a derechos son problemas que persisten en la industria minera del país, aseguraron especialistas en esos temas.

Datos de la Cámara Minera de México (Camimex) señalan que el sector es importante para el país, porque representa 4.2 por ciento del producto interno bruto, genera 770 mil empleos directos y paga 42 mil millones de pesos en impuestos.

Sin embargo, más allá del beneficio económico que representa esa actividad, Carlos Toledo Manzur, director de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur, manifestó que el modelo de aprovechamiento actual es la minería a cielo abierto, la cual causa una grave afectación a la biodiversidad, ya que desplaza miles de hectáreas de muy alto valor biológico.

Durante su participación en el foro La reactivación de la minería ante la nueva normalidad, comentó que esas compañías dicen que están cumpliendo con la ley al implementar programas de reforestación, pero sus planes tienen poca eficiencia, ya que únicamente logran sobrevivir 20 por ciento de árboles de especies exóticas que se siembran. Es una cosa dramática que hay que atender de alguna manera, subrayó.

Es necesario, dijo, crear una estrategia que evite ese costo ambiental que se está pagando y modificar la normatividad, porque no garantiza que las compañías cumplan, pero implica que la biodiversidad no tenga afectación.

Enrique Pablo Dorantes, presidente del Consejo Técnico Asesor de la Academia de Impacto Ambiental, consideró que las mineras no son buenas comunicadoras, pues no informan adecuadamente sobre los beneficios que ofrece esa actividad.

Respecto de los derechos humanos de quienes habitan en las comunidades donde se lleva a cabo la minería, Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, destacó que existe temor de que puedan violentarse las garantías.

Se ha documentado, explicó, que en el diálogo con los pueblos indígenas no se les da un trato adecuado, sino se les minimiza y no se entiende que poseen una visión de la tierra que es diferente a la de los empresarios.

Destacó que es usual que la información que se presenta a las comunidades no es clara, suficiente ni verídica, por lo que crean desconfianza. A los habitantes de esas localidades les preocupan su calidad de vida, los recursos naturales y que puedan perder cuerpos de agua contaminados por la actividad.

Los gobernadores de Sonora y Guerrero, Claudia Pavlovich y Héctor Astudillo, respectivamente, así como líderes sindicales, se pronunciaron por que el Fondo Minero realmente beneficie a las comunidades donde se extraen los minerales y no se canalicen los recursos a otras áreas.

De acuerdo con Fernando Alanís, director general de Peñoles y presidente de la Camimex, las compañías del sector han aportado al fondo más de 18 mil 900 millones de pesos.

En temas de seguridad, Benjamín Grajeda Regalado, ex titular de la División de Gendarmería, comentó que la delincuencia organizada ha creado redes de comercio ilegal, las cuales son paralelas al legalmente establecido, modelo que se ha repetido en el sector.

Manelich Castilla, ex comisionado de la Policía Federal, aseveró que existen delitos conexos que en la minería están haciendo que el crimen organizado encuentre un nicho de impunidad.

Esos ilícitos, detalló, son la trata de personas y la extorsión en las actividades satélite, como el transporte de materiales.