En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, con copia a otros funcionarios, incluido el gobernador Rutilio Escandón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (Fisanim–Fideo) manifestaron su alta preocupación por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las personas en situación de desplazamiento interno forzoso de los municipios tzotziles de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

Nos unimos a la exigencia de justicia y de alto a la violencia de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama y el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite, dicen. La constante escalada de violencia parece no tener fin y en los meses recientes los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario. Anteriormente disparaban desde barricadas lejanas, ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos.

En junio y lo que va julio se reportaron 74 agresiones armadas contra San Pedro Cotsilnam, Yetón, Tabak, KoKo’, Xuxch’en, Tselepotobtic, Chivit y la cabecera municipal de Aldama. Actualmente son 2 mil 36 los desplazados en Aldama.

El Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite ha denunciado ocho agresiones en Kanalumtik, desde Tsamtechen, Tseleltik, la comunidad de Pom en el tramo Chacojton y Cruz Cacanam de Chalchihuitán, así como en Las Limas, comunidad límite de Chenalhó. En Chalchihuitán son mil 237 desplazados. Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Interamericana han emitido medidas cautelares. En Chenalhó, la sociedad civil Las Abejas de Acteal ha denunciado amenazas constantes contra 31 desplazados de Los Chorros.

El Fisanim y el Frayba subrayan que si bien todo esto es del extenso conocimiento de los funcionarios municipales y estatales, su respuesta ha sido escasa, lenta, inadecuada e ineficiente, puesto que la situación se agrava cada día. Los organismos civiles sostienen que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno en Chiapas no ha cumplido con su cometido. La emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso es cada vez más grave.

Las organizaciones de las comunidades desplazadas han tenido innumerables reuniones y acuerdos con autoridades municipales y estatales, la Secretaría de Gobernación, diputados y senadores. Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población han visitado la zona y escucharon multitud de testimonios. Sin embargo, “a la fecha no ha habido solución a la violencia.

¿Por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes han sido identificados como los agresores de las comunidades desplazadas y a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos? ¿Quién protege a los paramilitares que aterrorizan la región? ¿Quién los arma?, preguntan al Presidente.

Más aún, dada su vulnerabilidad, las comunidades desplazadas enfrentan alto riesgo de contagio de Covid-19 debido a la marginación y exclusión extrema, la desnutrición y falta de alimentación adecuada, carencia de servicios de salud y sanitarios e inaccesibilidad al agua.

Los defensores exigen un alto a la violencia paramilitar en Chiapas; que se reconozca y atienda de manera urgente y prioritaria la emergencia alimentaria que padecen las personas en desplazamiento interno forzado de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Los Chorros, Chenalhó y otras localidades de Chiapas, como San Antonio Patbaxil y Carmen San José del municipio de Chilón, desplazados de la zona baja de Tila, que están en Palenque, los de Viejo Velasco de Ocosingo. Del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Pedro Hidalgo y San Pedro la Grandeza del ejido Jotolchen, municipio de San Andrés Duraznal. Y en Tenejapa, Banabil. Un total de 10 mil 113 víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas.