Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hace unos días que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sí tiene atribuciones para sancionar irregularidades administrativas graves, la titular de dicho organismo, Irma Eréndira Sandoval, ordenó iniciar de inmediato todas las investigaciones por hechos e irregularidades cometidos entre julio de 2013 y julio de 2017, que abarca casi todo el periodo de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

A través de una circular fechada el 9 de julio –de la cual este diario tiene una copia–, la funcionaria recordó que el pasado miércoles la Segunda Sala en Materia Administrativa Laboral de la SCJN resolvió la contradicción de tesis 103/2020, interpuesta por Sandoval.

En dicha tesis de jurisprudencia, indicó, se determina que las investigaciones por presuntas faltas administrativas ocurridas antes del 19 de julio de 2017 (durante la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas) y en los respectivos procedimientos disciplinarios, deben aplicarse las reglas procesales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Atribuciones validadas

De igual manera, el máximo tribunal del país determinó devolver la atribución para sancionar irregularidades administrativas graves a la autoridad que era competente para resolver el procedimiento disciplinario al momento de los hechos, que es la SFP.

Por lo anterior, la secretaria ordenó iniciar de inmediato todas las investigaciones por hechos e irregularidades cuya facultad sancionadora no esté prescrita en términos del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, aquellos hechos que tuvieron lugar entre el mes de julio del año 2013 y hasta el mes de julio del año 2017.