Para mitigar los impactos de la potencial recesión económica en México y estabilizar los ingresos anuales, el gobierno federal cuenta con instrumentos fiscales y monetarios contracíclicos, sostiene la Cámara de Diputados.

En su análisis Recesión económica y políticas fiscales de estabilización instrumentadas en el contexto de la crisis petrolera y del Covid-19 considera que, para la caída de los precios del petróleo, el gobierno federal ha administrado este riesgo con la adquisición de coberturas.

Esas acciones garantizan que, si el precio fiscal es inferior al observado de la mezcla mexicana de exportación, se ejerce el seguro, el cual cubre el diferencial de precios para evitar que se reduzcan los ingresos presupuestarios de la Federación y de los estados.

Otros instrumentos estabilizadores son una proporción de los ingresos excedentes que puede obtener el gobierno federal a través del Fondo Mexicano del Petróleo y un porcentaje del remanente del Banco de México. Estos ingresos extraordinarios se destinan para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que son los instrumentos contracíclicos que operan como afianzadores automáticos de la economía, porque se ejercen cuando el riesgo de recesión es alto.

“Adicionalmente, el gobierno federal extinguió algunos fideicomisos sin estructura orgánica, diferentes a los que tienen como objetivo la estabilización de los ingresos presupuestarios. Estos recursos extraordinarios tendrán como destino suavizar los impactos adversos de la crisis del Covid-19. Los recursos de los fondos de estabilización y de los fideicomisos sin estructura orgánica que se extinguieron tienen como objetivo ejercerse cuando la actividad económica está en recesión.

Asimismo, buscan evitar que el gobierno federal y las entidades federativas efectúen recortes al gasto durante los periodos de crisis. De esta manera protegen los ingresos presupuestarios de la Federación y de los estados procurando minimizar la profundidad y duración de la caída del ciclo económico, la generación de empleos y el aumento de la pobreza.

Así, la caída de la actividad económica puede fluctuar, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Fondo Monetario Internacional, entre 3.9 y 6.6 por ciento del PIB.