La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se analiza cuál ha sido el impacto en el tema del pago de la renta de viviendas en la Ciudad de México durante la pandemia de Covid-19 para ver si se requiere de alguna iniciativa adicional de apoyo de su administración.

La mandataria indicó que en general ha habido solidaridad de los arrendatarios para diferir el pago, pero, acotó, se revisarán los casos particulares de quienes no han podido hacerlo por la crisis sanitaria para que se acerquen al Instituto de Vivienda o a otra institución.

Dijo que no conoce la iniciativa que se presentó en el Congreso capitalino por organizaciones sociales y activistas para renegociar el pago de alquileres durante una emergencia sanitaria, pero sí es un asunto que se revisa con la Consejería Jurídica.

Comentó que en muchas ciudades, no sólo de países en desarrollo, sino de industrializados, se analiza el impacto que ha tenido el tema de la renta durante la pandemia del nuevo coronavirus.

Al respecto, la iniciativa sobre la renegociación del pago de alquiler generó opiniones encontradas entre legisladores del Congreso de la Ciudad de México.

Por un lado, la oposición consideró que se trata de una reforma que propicia el despojo de vivienda, mientras diputados de Morena afirmaron que se trata de una propuesta que busca generar acuerdos entre arrendador y arrendatario durante una emergencia.

En entrevista, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, afirmó que es una propuesta que afecta los derechos de propiedad de las personas e impactaría directamente a los dueños en caso de renegociar.

Es una ley que busca un aspecto político-electoral; quiere decir que van a ayudar a los inquilinos a costa de los arrendatarios. Aquí la situación es que el gobierno tiene que ver cómo apoya a los arrendatarios de escasos recursos y no obligar a los propietarios a dejar de cobrar.

En contraste, la diputada Valentina Batres, de Morena, quien firmó la iniciativa, dijo que no es una ley que esté inclinada a una de las partes, sino que propicia que los acuerdos que se generen tengan certidumbre jurídica.

En sus redes sociales, el diputado de Morena Carlos Castillo desconoció la iniciativa, pues afirmó que se trata de una propuesta de un grupo de legisladores de su partido y no de toda la bancada.

En tanto, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios se manifestó en contra de la iniciativa porque viola el principio de no retroactividad y limita la libertad sobre la propiedad privada.

Reconoció que durante la emergencia se ha retrasado el pago de alquileres e hipotecas, pero en ningún momento ha representado amenaza alguna de desalojo forzoso, ya que los arrendatarios han cobrado con las facilidades necesarias para hacer frente a la situación económica.