La Auditoría Superior de la Federación (ASF) evalúa interponer recursos legales, incluso por desacato, contra las dependencias que no han respondido a los requerimientos de información llevados a cabo para integrar la revisión de la cuenta pública 2019, informó este martes David Colmenares, titular de la dependencia.

En un panel convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que funcionarios de varios países de América Latina denunciaron que la pandemia de Covid-19 se ha usado de excusa para relajar las medidas de transparencia de los recursos públicos, el auditor superior de la Federación manifestó que en el caso mexicano, dada la suspensión de plazos, hay dependencias que afirman que van a contestar hasta diciembre.

El 30 de junio pasado la ASF debió enviar a la Cámara de Diputados la primera entrega de la cuenta pública 2019, documento que no fue concluido.

El ente argumentó que la emergencia sanitaria y las estrategias para su atención han derivado en la suspensión de los actos formales inherentes a dicho proceso y abonaron a que la información no fuera presentada.

En el seminario virtual, Colmenares subrayó que si bien la ASF trabaja con independencia y hay un sistema nacional anticorrupción en marcha desde 2016, aún existen cosas pendientes, dada la magnitud de los recursos a fiscalizar y la dispersión de sujetos a fiscalización.

En el país hay autoridades para 2 mil 464 municipios y 32 entidades.

Entre los pendientes, explicó, la tendencia es que las auditorías al desempeño y las recomendaciones que de ella parten no tienen efectos en las dependencias fiscalizadas. Se busca un mecanismo para que la omisión de implementar las mejoras aconsejadas por la auditoría vayan con algún tipo de sanción, enfatizó.