Sábado 4 de julio de 2020, p. 30
En la ciudad han desaparecido 11 mil hectáreas de bosques por la urbanización en torno a pueblos y barrios originarios, así como 15 mil más por la tala clandestina.
Estos problemas se reportan principalmente en Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Contreras, donde se requiere el apoyo de las autoridades administrativas y de procuración de justicia para detener la deforestación.
Esta semana, legisladores del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a erradicar los asentamientos irregulares y la tala clandestina, actividades que generan una severa degradación ecológica.
También se presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para considerar como delincuencia organizada a los grupos que se dediquen a traficar y transportar recursos y especies de flora o fauna silvestres, por lo que se propuso elevar la pena máxima de nueve a 15 años de prisión y hasta 10 mil días de multa.
Tanto en el punto de acuerdo como en la iniciativa propuestos por la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, se relata que para evitar la intervención del Ejército los talamontes operan por las noches a fin de llevar los árboles a los aserraderos clandestinos y vender la madera en el mercado negro.
También se hace referencia al reportaje publicado por La Jornada, en el que se da cuenta que en este año se han abierto siete carpetas de investigación y sólo se ha detenido a una persona por el delito de tala.
Es preocupante ver cómo se ha intensificado el avance urbano y la tala clandestina en suelo de conservación del área boscosa del sur de la ciudad, lo que ocasiona una severa degradación ecológica que, de no detenerse oportunamente, aumentará los efectos ecológicos y se resentirá en la salud de la gente.
Con la aprobación del punto de acuerdo, se pidió a diversas dependencias federales y locales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión de Recursos Naturales (Corena) a que, de acuerdo con sus facultades, apliquen mecanismos de seguridad para vigilar e inspeccionar las áreas naturales protegidas y de valor ambiental para evitar el derrumbe de árboles.