zuzado por la complicidad del gobierno de Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hecho de la agresión sistemática contra el pueblo palestino el eje de cada una de sus campañas electorales y el punto central de su programa de gobierno. Tanto por convicción ideológica como por cálculos políticos y necesidades personales (por ejemplo, distraer a la opinión pública de las sólidas acusaciones de corrupción que pesan en su contra), durante sus casi tres lustros en el poder, el premier de ultraderecha ha empujado la agenda para consumar la destrucción de Palestina como realidad política y sociocultural.

La más acabada expresión de esa sinergia perversa entre Washington y Tel Aviv se encuentra en el llamado Acuerdo del siglo, con el que la administración Trump pretende legitimar lo que a los ojos del derecho internacional es una ocupación ilegal. Si el plan de paz estadunidense constituye una infamia en toda la línea, por su descarado respaldo a las reivindicaciones del ultranacionalismo israelí, debe reconocerse que –así sea en términos delirantes– el documento presentado en enero contempla su implementación a través del consenso con el liderazgo palestino. En cambio, el plan de anexión de la Cisjordania palestina que Netanyahu se comprometió a presentar el primero de julio no puede calificarse sino como una abierta pretensión de saqueo y despojo contra una comunidad que es víctima de más de siete décadas de brutal colonialismo.

El plan del primer ministro resulta tan provocador, y tan claramente contrario a cualquier consideración legal o de derechos humanos, que no sólo ha recibido el rechazo del pueblo palestino, del mundo árabe y de la práctica totalidad de la comunidad internacional, sino que incluso enfrenta una creciente oposición interna. Conscientes de que una acción militar de este tipo causaría una oleada de indignación que fácilmente podría salírseles de las manos, las fuerzas armadas israelíes han presionado para que se aplace o rediseñe la ofensiva; mientras que hasta los voceros de los 450 mil colonos asentados ilegalmente en territorios palestinos expresan su preocupación por las consecuencias a largo plazo de estas medidas unilaterales.

La combinación de fuerzas externas e internas obligó a Netanyahu a aplazar sus planes de anexión de manera indefinida, pero ello dista de constituir un alivio para los millones de palestinos que viven bajo la ocupación israelí. En efecto, el aplazamiento supone la prolongación de un estado de cosas intolerable, que incluye la confiscación permanente de los más elementales derechos y una continua amenaza de muerte para quienes habitan en la Cisjordania ocupada o en la sitiada franja de Gaza. Es imperativo que la comunidad internacional pase de la condena meramente verbal y simbólica de la ocupación israelí a una toma de acción tendiente a garantizar la libertad del pueblo palestino, la existencia de un Estado palestino con soberanía plena y, en suma, el fin de uno de los casos más lacerantes de agresión colonial.