La senadora Martha Lucía Micher (Morena) consideró que el asesinato de 28 jóvenes en un Centro de rehabilitación de Irapuato, Guanajuato, es muy lamentable, como cualquier muerte y atentado, pero a esos hechos de inseguridad se suman muchos otros, lo que habla de la falta de resultados. No los hay en función de la seguridad de los ciudadanos, subrayó.

En entrevista, la legisladora por Guanajuato dijo que el gobernador de esa entidad, Diego Sinhue Rodríguez, debe renunciar. Refirió que “al inicio –del crecimiento de la inseguridad– culpó a la Guardia Nacional; luego al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; luego se fue contra el fiscal general de la República y finalmente se aventó contra el Presidente”.

Destacó que es momento de hacer una autocrítica y tomar decisiones. Cuestionó: ¿dónde está el CEN y todo el PAN exigiendo la renuncia del fiscal Carlos Zamarripa?

Su homólogo Manuel Añorve (PRI) coincidió en que es lamentable lo ocurrido, pero es más lamentable ver una competencia de culpas, en lugar de competencias que funcionen, de coordinación para que esos hechos no vuelvan a ocurrir. Es muy lamentable que lo único que se ve es ¿dónde quedó la bolita? El gobierno federal dice que es competencia del gobierno del estado y éste que es del gobierno federal; lo más importante es la coordinación, para eso se creó la Guardia Nacional.

Damián Zepeda (PAN) señaló que lo sucedido en Irapuato es un terrible atentado, es crimen organizado y el único responsable legal es el gobierno federal. Mi exigencia es que asuma su responsabilidad y deje de echar culpas.

El presidente de la Comisión de Justicia, del Senado, Julio Encharca (Morena) dijo que todo lo que implique ataque a la integridad de las personas es muy lamentable. Lo ocurrido en Irapuato es un acto despiadado que debe ser rechazado absolutamente.

Destacó que el asesinato de 28 jóvenes es un llamado urgente a lo que invitó el Presidente a las autoridades de Guanajuato: hacer una introspección y ver cómo están funcionando sus órganos de procuración de justicia y tomar las decisiones que lleven a la estabilidad social. La coordinación es una convicción legal, constitucional, y a ninguno de los tres órganos de gobierno conviene la descomposición que hay en este momento.