La reciente masacre de 28 jóvenes en un centro de rehabilitación de Irapuato, Guanajuato, fue causada por la omisión del Estado mexicano y representa una muestra cruel y tangible del extremo de violencia generada por la delincuencia organizada, advirtió la organización civil Reinserta.

El colectivo, especializado en temas de seguridad pública y prevención del delito, reprobó el ataque perpetrado el miércoles y subrayó la urgente necesidad de articular y coordinar esfuerzos desde los tres niveles de gobierno para salvaguardar a los jóvenes y resolver un problema que nos atañe a todos como sociedad.

La organización propone crear mecanismos que permitan a los jóvenes desvincularse de los grupos del crimen organizado de manera efectiva para poder reinsertarse al cuerpo social de manera exitosa, tomando en cuenta un elemento crucial al momento de combatir el impacto de la distribución y consumo de drogas: el enfoque de salud y prevención del uso de sustancias.

De igual forma, exigió que se sancione con todo el peso de la ley a las personas que involucren a menores en sus grupos delictivos, como lo señala el artículo 25 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

Las juventudes son el futuro de este país, por lo que Reinserta pide a las autoridades garantizar a niños, adolescentes y jóvenes la seguridad que requieren para convertirse en adultos sanos con oportunidades de vida alejadas de la criminalidad y el consumo de drogas, enfatizó el colectivo.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –por medio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura– manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que residen en los centros de atención de adicciones y exhortó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, a investigar de manera diligente el caso.