Grupos del crimen organizado han impuesto medidas restrictivas en cuatro entidades en el contexto de la pandemia por coronavirus, como toques de queda, amenazas a médicos y cobro de impuestos, advirtió la Secretaría de Gobernación (SG).

Al citar fuentes abiertas, señala hechos ocurridos en Iguala y Peta-tlán, Guerrero, donde en semanas recientes se registraron agresiones contra personal médico y toques de queda; esto último ocurrió también en Sinaloa (Culiacán y Los Mochis), conductas adjudicadas en esta entidad al cártel de Sinaloa.

En Tuxpan, Veracruz, delincuentes del Grupo Sombra obligaron a la población a tomar medidas de aislamiento, y en Santiago Ixcuin-tla, Nayarit, Gobernación identificó el cobro de impuestos por el cártel Jalisco Nueva generación.

La SG advirtió que los retenes, aplicados sin una actuación clara, pueden convertirse en puntos de injerencia de grupos que atenten contra la seguridad de las personas, y esto puede ser aprovechado por el crimen para controlar ciertos territorios.

En el segundo reporte de Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó que durante el bimestre abril-mayo, estados y municipios siguieron aplicando medidas coercitivas y sanciones desproporcionadas. Asimismo, se refirió al uso obligatorio de cubrebocas como acción que implica una restricción de derechos.

En principio, puso como ejemplo de medidas fuera de proporción los arrestos administrativos, y advirtió que la medida no incide positivamente en la tasa de casos confirmados de Covid-19.

Igualmente, compila 428 casos de medidas extraordinarias restrictivas para las garantías individuales; menciona, además del uso del cubrebocas, reducción de movilidad, filtros sanitarios, toque de queda (a escala municipal), acceso restringido, restricción de movilidad y cierre de accesos.

Con ese criterio, todas las enti-dades del país incurren en la política de restricciones.

Por número de factores, la Ciudad de México está en primer lugar por el uso obligatorio de cubrebocas, seguido de Oaxaca, al dictar reducción de movilidad, lo mismo que Zacatecas.

Subrayó que si bien los gobernadores son autoridad sanitaria, algunas acciones que éstos han adoptado han rebasado sus facultades y han representado riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos.

La SG destacó el caso de Jalisco, con el uso obligatorio de cubrebocas en espacio público y el resguardo domiciliario obligatorio. Si bien estas medidas pueden estar recomendadas en un marco de corresponsabilidad, en Jalisco fueron implementadas coercitivamente a través de un marco de sanciones administrativas que, conforme con el acuerdo, debían implementar las autoridades municipales.

Las sanciones que preocupan, puntualizó, son aquellas dirigidas a personas físicas y no a establecimientos, como las amonestaciones, multas y arrestos de hasta 36 horas.

Esa posibilidad de arresto también se encuentra en otras 14 entidades federativas.