La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) confirmó que gente cercana a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, pagó millones de pesos para que se le otorgara la libertad y no se incluyeran pruebas con las cuales se sustentó la orden de aprehensión en su contra.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que su gobierno tiene pruebas de corrupción en el juzgado federal que liberó a El Mochomo, situación que fue corroborada horas después por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que la Seido había realizado intervenciones telefónicas y obtuvo pruebas de pagos ilegales.

Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) empezó una investigación interna en el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de México, por posibles actos de corrupción y vicios jurídicos.

Las investigaciones estarían encaminadas por presuntas irregularidades en la no vinculación a proceso de El Mochomo por la acusación de delincuencia organizada que se formalizó en su contra.

El organismo del Poder Judicial de la Federación señaló que ya se presentó la denuncia ante sus órganos internos para deslindar responsabilidades de manera contundente. Dijo que el CJF siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de los juzgadores en sus resoluciones, pero toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.

Añadió que en este caso, información que llegó a la Judicatura amerita una revisión exhaustiva. No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal.

De acuerdo con funcionarios federales, la FGR trabajará de manera coordinada con el CJF para que integre la investigación, la cual primero debe realizar la Judicatura para establecer si alguno o algunos de sus integrantes incurrieron en delitos de tipo penal, como es la obstrucción de la justicia y cohecho.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reiteró su compromiso de investigar cualquier sospecha de corrupción entre los miembros del Poder Judicial de la Federación.

El también presidente del CJF publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde señaló: Apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos del PJF que son honestos y trabajan para el país. Pero cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción.

El inculpado, José Ángel Casarrubias, quien fue liberado la madrugada del miércoles y reaprehendido antes de que abandonara las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social numero 1, Altiplano, es señalado por las autoridades mexicanas como uno de los involucrados más importantes en las desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En 2014, la entonces Procuraduría General de la República obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada en días pasados, al ser localizado en el municipio de Metepec, estado de México.

Ayer, la FGR señaló que además de detectar actos de corrupción para otorgarle la libertad, el juzgado segundo no revisó 21 pruebas que habían sido aceptadas en 2014 y que soportaban la acusación en su contra. Informó que lo mantendrá bajo arraigo por 40 días para que se le investigue por delincuencia organizada, y que prepara el expediente para solicitar una nueva orden captura por los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.