La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México envió un exhorto al gobierno capitalino y a la alcaldía de Cuajimalpa para que realicen una consulta vecinal vinculatoria sobre la construcción del proyecto inmobiliario Origina Santa Fe.

El diputado de Morena Eduardo Santillán Pérez explicó que se trata de un desarrollo ubicado en la única entrada del pueblo de San Mateo Tlaltenango, donde no hay factibilidad hídrica, por lo que solicitó información de cómo fue autorizado el proyecto.

Algo fundamental es que se trata de una construcción de un enorme impacto urbano que prácticamente está fuera del complejo de Santa Fe, que es un pueblo de amplio desarrollo. Se continúa con la construcción sin que hasta el momento exista una factibilidad en materia urbana, en materia de movilidad, y sobre todo en materia de suministro de agua, por eso se está haciendo la solicitud a diversas autoridades para que se hagan las revisiones correspondientes, declaró.

En el punto de acuerdo aprobado por unanimidad se realizan 10 solicitudes de información, como la del certificado de uso de suelo, el dictamen de polígono de actuación, los estudios de impacto urbano, de movilidad y factibilidad hídrica, manifestación de construcción, autorización de impacto ambiental y la verificación del inmueble.

Al gobierno central se solicitó realizar una consulta con los habitantes del pueblo, a fin de cumplir con el artículo 59 de la Constitución, que establece que los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas tienen derecho a ser tomados en cuenta ante cualquier medida administrativa o legislativa susceptible a afectarles.

En el documento también se exhorta a que, en caso de haber irregularidades, se presente una denuncia penal contra quien resulte responsable por haber aprobado el proyecto inicial.

En otro tema, ante las denuncias de vecinos por la tala ilegal en la Sierra de Guadalupe, diputados pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente, e incluso al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, investigar y sancionar el retiro de árboles en la zona.

Desde hace varios días, habitantes de Gustavo A. Madero denunciaron que grupos acudieron a la sierra, considerada área natural protegida, a talar clandestinamente decenas de árboles y a colocar divisiones en el suelo para, presuntamente, invadir el terreno.

Al respecto, los congresistas pidieron a la dependencia, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y al gobierno mexiquense investigar, detener y sancionar a los grupos que perpetraron el derribo de árboles.