Después de 10 años, está pendiente la legalización del derecho a la seguridad social de parejas del mismo sexo, un programa de atención a la diversidad sexual y acciones firmes para erradicar la discriminación en contra de las personas con una orientación distinta a la heterosexual.

El reconocimiento de los matrimonios de personas del mismo sexo marcó la pauta para otros cambios que han contribuido al respeto de los derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual (Lgbttti); sin embargo, se requiere que se formalicen leyes para garantizar la certeza jurídica de las personas que hacen vida en común, afirmó el activista Jaime López Vela.

Recordó que ha habido varias iniciativas para modificar las leyes de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pero no han prosperado.

La más reciente fue promovida por el senador Germán Martínez Cázares en 2018. El proyecto fue aprobado por unanimidad en noviembre de ese año, pasó a la Cámara de Diputados, donde los legisladores propusieron algunos cambios, por lo que regresó al Senado y ahí se quedó.

López Vela lamentó que no se haya dado seguimiento a la iniciativa, pues aunque por una decisión administrativa las instituciones de salud inscriben a las parejas del mismo sexo, en cualquier momento la pueden echar para atrás.

Junio es considerado el mes del orgullo de la población en diversidad sexual, lo que debería motivar, reflexionó López Vela, a los políticos a retomar la agenda pendiente, sobre todo ahora que se analiza el trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El diputado constituyente de laCiudad de México ratificó que las pasadas dos administraciones en el Conapred no cumplieron sus responsabilidades; ese organismo desechó varias denuncias de discriminación, una de ellas contra el conductor de televisión Esteban Arce, quien en octubre de 2017 realizó expresiones públicas contra la comunidad Lgbttti. En 2019, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó al organismo que emitiera una nueva resolución, pero no ha sucedido.