Llegó el momento: el agua en nuestras manos

Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns Agua para la Vida

Ocho años han pasado desde que la reforma al 4º artículo constitucional nos dio 360 días para reemplazar una ley de aguas mercantilista, con una nueva Ley General de Aguas centrada en la sustentabilidad, la equidad y la participación. Aunque un amplio proceso social generó una propuesta a tiempo, el mandato constitucional sigue aún pendiente.

La tardanza se explica porque esta Ley exigirá desmontar una pieza clave del proyecto neoliberal: la actual Ley de Aguas Nacionales, que incluye la fórmula para entregar los bienes de la Nación al control privado. Puso a cargo una “autoridad del agua” fácilmente cooptable por los poderes fácticos, una Conagua capaz de responder al reclamo “el pueblo no tiene agua” con un impasible “Qué tomen Bonafont.”

En el centro del debate está: quiénes controlarán el agua y cómo se tomarán las decisiones. ¿Las aguas nacionales quedarán en manos de una Conagua autoritaria, defensora a ultranza de las mineras, cerveceras, refresqueras y agroexportadoras? ¿Los sistemas de agua potable seguirán siendo botín de gobernadores y presidentes municipales, cortejados, cuando hay chance de lucro, por empresas trasnacionales?

Ahora que contamos con un gobierno con el mandato de retomar la rectoría de la Nación, la identidad de la Conagua, tal como fue concebida por Salinas en 1989, se pone en duda. Recuperar la rectoría de las aguas de la Nación requiere una coordinación cercana con la población en el territorio.

El futuro del agua no dependerá, como se pensaba en el siglo XX, de gigantescas las obras intensivas en cemento, energéticos y capital, sino de reunir la enorme inteligencia resguardada entre la población en el territorio para el diseño y puesta en marcha de obras locales de restauración, aprovechamiento, cuidado, tratamiento y reciclaje.

Además, se requerirá de una vigorosa voluntad política para corregir, cuenca por cuenca, las dinámicas de sobre concesionamiento, acaparamiento y contaminación impune ocasionados por los 6600 grandes concesionarios que se beneficiaron de una Conagua que se desbocó para convertir un lago en aeropuerto, pero a la cual “nunca le alcanzó” para inspectores.

La LGA tendrá que contar con instancias vinculantes de participación de pueblos, ciudadanía y gobiernos (asambleas, consejos, contralorías); estas instancias nombrarían las ternas para los directivos de la Conagua y mantendrían una coordinación cercana con ellos, todo bajo la vigilancia de una Contraloría Social.

Para que estas instancias mixtas sean efectivas, la LGA tendrá que contar con instrumentos bien diseñados: planes vinculantes; concesiones fuertemente condicionadas; así como mecanismos para reconocer los derechos de los pueblos a sus aguas, para proteger áreas de importancia hídrica y para poder bloquear proyectos dañinos.

Todo esto requerirá transformar a la Conagua, de ser facilitadora y defensora de los intereses de los grandes poderes económicos, a ser convocante, partícipe y ejecutora de procesos democráticos y participativos en torno al bien común.

La Conagua ha luchado en contra de estos cambios desde 2012 hasta la fecha. Ahora, al ver que el Congreso está avanzando con pasos firmes hacia una LGA democratizante, la Conagua está pasando agresivamente a la ofensiva, codo a codo con los principales gremios de la hidrocracia: el Consejo Consultivo del Agua, ANEAS, ANUR y la Asociación Mexicana de Hidráulica, con el apoyo fiel de la Barra Mexicana de Abogados, y del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, Raúl Paz del PAN, tan aislado que tuvo que violar el Reglamento del Senado para convocar sus propios “foros de consulta” con estos correligionarios.

La Ley que se apruebe será producto de la correlación de fuerzas en este momento histórico cuando la paciencia de los pueblos y de la Naturaleza está llegando a sus límites. Además, los ocho años de lucha para esta Ley han servido para lograr una articulación sólida en cada estado de la República a favor de una LGA que sienta las bases para el buen gobierno del líquido. La consulta en Mexicali este marzo sirvió como una resonante muestra del sentir de la Nación.

Estamos en un momento propicio en los ciclos electorales: en febrero 2012 se logró la reforma Constitucional; en marzo 2015 se tumbó la Ley Korenfeld; en 2018, se canceló la Ley Pichardo, se logró el compromiso de revertir los decretos de EPN levantando vedas y, sobre todo, se eligió un Ejecutivo y una Legislatura con fuertes compromisos sociales. Ahora, a un año de las primeras elecciones en las cuales los diputados podrán reelegirse, el compromiso de los legisladores con la pronta aprobación de una buena LGA es palpable.

Frente al fracaso en México y el mundo de haber dejado todo en manos del mercado, estamos frente al reto de imaginar y construir conjuntamente un futuro de sustentabilidad con equidad. El agua nos enseñará el camino.

En este cuadro comparamos los esquemas propuestos por las Iniciativas de Ley General de Aguas presentadas o por presentarse en las dos Cámaras, contrastándolas a la vez con los esquemas de la actual Ley de Aguas Nacionales (promulgada en 1992).

Utilizamos los 12 Consensos por el Agua generados durante los 8 años de simposios, foros, talleres y congresos en torno a la futura Ley General de Aguas para evaluar cada propuesta: rojo indica que esta ley o iniciativa viola o incumple con el consenso; amarillo indica un cumplimiento parcial; verde indica un cumplimiento cabal.

El texto de la Iniciativa Ciudadana LGA ha sido publicada y turnada tres veces: como Iniciativa firmada por 34 Senadores de Morena el 4 marzo; como Iniciativa firmada por los 36 diputados del PT el 14 abril, y como Iniciativa Ciudadana avalada por el INE en Cámara de Diputados el mismo día. El 25 abril la dip. Laura Guerra presentó una Iniciativa, y la Comisión de Recursos Hidráulicos de Diputados está por presentar la suya. •

CUADRO COMPARATIVO EL AGUA EN DISPUTA