Mesas de redacción Ley General de Agua.

Una iniciativa que busca proteger los derechos humanos y el medio ambiente: Xóchitl Zagal

Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez Diputada federal con licencia Alya Ramos Ramos Elorduy Diputados y profesora de la Facultad de Ciencias, UNAM Laura Eneida Galván Benítez Asesora legislativa, Cámara de Diputados

¿El agua es renovable? ¿Tenemos suficiente? ¿Se distribuye equitativamente? Son algunas preguntas que nos hacemos al tratar de comprender la compleja relación entre los ecosistemas, la sociedad y cómo deberá ser el nuevo marco normativo del agua en México.

El agua es un recurso renovable, ya que el ciclo hidrológico se encarga de recircularla; no obstante, mirarla solo desde la óptica del aprovechamiento humano es una visión limitada e incluso peligrosa. Solo 2% del agua del planeta es dulce y de ésta no toda está disponible para el consumo humano o se encuentra en los acuíferos (30%).

La velocidad con la que la hemos aprovechado el agua no permite su recuperación en el corto plazo, por lo que, a pesar de ser un recurso renovable, los patrones de aprovechamiento ponen en riesgo su disponibilidad (1). ¿A qué se debe esto? Una de las razones es que en México y otros países la gestión del agua ha tenido una visión sectorial, basada en soluciones técnicas, sin reconocer el carácter integrador del agua en los ecosistemas.

La diputada Xóchitl Zagal, actualmente con licencia, es impulsora de una de las iniciativas de Ley General de Aguas que se encuentran para discusión en el Congreso.

Hablar de si tenemos suficiente agua para todas las personas es complejo. Si bien la disponibilidad depende de las características geográficas de cada región, en las pasadas décadas se ha favorecido el acaparamiento, dejando sin agua a muchas personas. Por esta razón, el 8 de febrero de 2012 se reformó el art. 4° constitucional, para reconocer que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y se mandató al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Aguas (LGA) que estableciera las bases para garantizar este derecho. No obstante este mandato, han pasado más de ocho años y no se ha acatado. Por ello, la Coordinación Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena trabajó durante 18 meses en mesas con diversos actores sociales y presentó el 28 de abril de 2020, una iniciativa que expide la LGA (2) y abroga la Ley de Aguas Nacionales (LAN).

¿Por qué abrogar la LAN? Al ser únicamente reglamentaria del art. 27 constitucional, su contenido se concentra principalmente en otorgar derechos de aprovechamiento a particulares sobre las aguas nacionales mediante concesiones y asignaciones (3), poniendo con ello en riesgo los derechos humanos y la cantidad y calidad del agua. Si bien dicho marco normativo ha incorporado elementos ambientales, son limitados. Por ello, y dado que 105 acuíferos están sobreexplotados, que de las 1,206 concesiones autorizadas en 2005, 4,1% se otorgaron en cuencas con déficit (4), que solo 68% de los hogares reciben agua diariamente (5) y que únicamente se trata 63% de las aguas recolectadas (6), consideramos que este instrumento no ha sido capaz de regularla el manejo del líquido de forma sustentable.

La iniciativa de LGA que proponemos se centra en proteger derechos humanos asociados al agua, bajo una perspectiva socioambiental. Se entiende que sin ecosistemas sanos no hay agua, y sin agua no se garantizan los derechos establecidos en el artículo 4° constitucional, ni otros derechos asociados: a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, entre otros.

Para asegurar dichos derechos se establece que tendrán prioridad las actividades relacionadas con el uso personal y doméstico, el uso para actividades de conservación y el uso para actividades orientadas a la soberanía y seguridad alimentaria. A su vez, se establecen diferentes mecanismos de protección de los ecosistemas, entre ellos, la evaluación de impacto socio-hídrico, que se centra en evitar la sobreexplotación del agua y favorecer su distribución equitativa; las áreas de importancia hídrico-ambiental, que permitirán proteger ecosistemas como humedales y barrancas; se retoman las reservas de agua y vedas, con mecanismos de transparencia; y mecanismos de tratamiento y reutilización o confinamiento para evitar la contaminación de los cuerpos de agua.

Otra fortaleza de la iniciativa es que se establece una nueva estructura de participación en la que la ciudadanía podrá emitir opiniones vinculantes. Adicionalmente, se reconoce el derecho de consulta para pueblos indígenas y comunidades, ejercicio que será vinculante. Por otro lado, se definen atribuciones para las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y se incorporan dependencias para vigilar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos asociados al agua. Finalmente, se proponen órganos jurisdiccionales especializados para resolver controversias en materia hídrica en los ámbitos federal y local.

En este momento existen otras iniciativas de LGA en proceso de registro y/o dictaminación, por lo que consideramos que es necesaria su discusión y aprobación para contar con una ley que permita gestionar el agua de manera adecuada para toda la ciudadanía, y para las generaciones venideras. •