El Poder Judicial de la Federación (PJF) inició una revisión de los esquemas de seguridad y de los jueces que tienen este beneficio por atender casos de delincuencia organizada, ya que el impartidor de justicia Uriel Villegas Ortiz renunció a su escolta desde febrero de 2019 y el martes fue asesinado junto con su esposa Verónica Barajas.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) desplegó un equipo de peritos y personal ministerial para que realicen la investigación para identificar a los autores del doble asesinato cometido en Colima.

Villegas Ortiz era juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en Colima, luego de que fue titular del juzgado sexto de distrito en materia penal con sede en Jalisco, donde sí contó con escolta.

Sin embargo, señalaron funcionarios del PJF, en febrero de 2019, casi un año antes de ser transferido a Colima, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que le retirara la protección y desde marzo del año pasado se formalizó su petición.

Su arribo a Colima

El juez llegó a Colima en enero pasado y rentó una vivienda en la colonia Real Vista Hermosa, y en ella habitaba con su esposa, sus dos hijas –de tres y siete años– y una empleada doméstica.

El martes, poco después de las 11:30 horas, un grupo de hombres armados llegó a su domicilio y abrió fuego en contra de él y su esposa.

A la fecha, el CJF brinda protección a 199 juzgadores con medidas que incluyen el uso de vehículos blindados, escoltas y chalecos antibalas; sin embargo, el año pasado en la Judicatura se recibieron más de 300 solicitudes, por lo que a decir de los funcionarios entrevistados se revisa el actual protocolo de vigilancia para los impartidores de justicia y sus familias, para incrementar las medidas de seguridad.

Ayer los fiscales, policías federales ministeriales y peritos de la FGR realizaron diversas diligencias, luego de recabar evidencia balística y dactiloscópica que permita identificar a los autores materiales de los homicidios, así como recolectar videos de cámaras de vigilancia de seguridad pública local y de las viviendas aledañas para conocer los modelos y placas de los vehículos en que huyeron los responsables.