Un fideicomiso que constituyó en 2013 el gobierno anterior y tenía como fin desarrollar la competitividad entre las empresas privadas del sector energético, y que hasta el 31 de diciembre de 2018 contaba con mil 120 millones de pesos, fue utilizado para simular proyectos o financiar otros no relacionados, e incluso se usó para pagar salarios, renta y servicios telefónicos, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) propuso desaparecerlo.

Ese fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética se formó con remanentes de otro de la petrolera estatal, conocido como Fideicomiso Pemex, y contaba, al momento de su extinción, con 198 millones 133 mil 200 pesos.

Los recursos se incrementaron 465.3 por ciento al llegar a mil 120 millones gracias a aportaciones que efectuó la Secretaría de Economía en los ejercicios fiscales de 2014 a 2017 y por otros ingresos.

En la más reciente auditoría, el órgano fiscalizador constató que de ese fondo se pagaron 32 millones 678 mil pesos en apoyos a 16 proyectos autorizados por el comité técnico del fideicomiso, en 2017 y 2018, y fue posible identificar simulación y falta de comprobación y discrecionalidad en su aplicación.

Al 31 de diciembre de 2017, el fideicomiso contaba con mil 66 millones 959 mil 700 pesos y recibió ingresos en 2018 por 86 millones 678 mil 100, por lo que su patrimonio se incrementó a mil 153 millones 637 mil 800 pesos.

De ese total, se pagaron 32 millones 678 mil 500 pesos a los 16 proyectos seleccionados, 682 mil 700 en honorarios fiduciarios, 26 mil 700 por servicios profesionales y 112 mil 800 pesos en impuestos.

La ASF detectó que de los apoyos otorgados por la Secretaría de Economía, un proyecto no acreditó documentación justificativa de la aplicación de recursos y otro no comprobó la prestación de los servicios contratados y pagados por 6 millones 973 mil 700 pesos, ni que con la ejecución del proyecto se obtuvieran los beneficios ofrecidos en la solicitud y en el plan de negocios.