Luego de que un juez federal concedió la segunda suspensión provisional a la aplicación de la nueva política sobre la confiabilidad del sistema eléctrico, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace consideraron este viernes que se trata del primer paso para luchar en favor de la democratización de la energía eléctrica.

Ambas organizaciones solicitaron amparos en contra de la ejecución del Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de Covid-19, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía y del Acuerdo que establece la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad de la Secretaría de Energía, publicados el 29 de abril y el 15 de mayo pasados, respectivamente.

Greenpeace obtuvo la suspensión provisional el pasado 25 de mayo en un juzgado federal, y ahora le fue concedida al Cemda por el juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Cemda, señaló que además de que los acuerdos, motivo de la demanda, fueron emitidos en violación al marco legal y constitucional, son medidas regresivas que alejan a México del cumplimiento de compromisos internacionales de reducción de emisiones para mitigar el cambio climático.

María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México, señaló que esta batalla judicial es un primer paso en favor de la democratización de la energía eléctrica, garantizar el derecho humano a energías renovables, accesibles y asequibles, que ayuden a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, con proyectos comunitarios de generación distribuida. Defendió que no busca proteger los intereses de grandes empresas del sector, porque incluso algunas, lamentablemente, han contribuido al despojo de tierras o al atropello de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o equiparables.