ientras la pandemia de Covid-19 ha mantenido aislados a millones de habitantes del mundo, ha destruido la economía global y la normalidad social, en sólo unos cuantos meses, varios científicos llaman a revisar la producción de animales en granjas industriales, antes que la nueva normalidad la mantenga intacta.

La infuenza porcina de 2009 (H1N1), que tuvo su origen en México, en una granja de cerdos de Smithfield –Granjas Carroll– en el valle de Perote, Veracruz y Puebla, puso de manifiesto que la producción fabril de animales representa un peligro para la salud humana y animal. Luis Hernández Navarro y otros investigadores documentaron sus impactos en ese momento. https://bit.ly/36AhxGO https://bit.ly/2X6Au0L, pero nada ocurrió a Smithfield, ni cambiaron las regulaciones en el país.

Los animales confinados y hacinados, genéticamente homogéneos, con sistemas inmunes deprimidos, a quienes se administra antibióticos con fines preventivos para que logren vivir el número exacto de días para alcanzar la tasa de ganancia esperada, genera un ambiente ideal para los patógenos. De tal forma que en las pasadas décadas coleccionamos epidemias virales: distintos tipos de influenza aviar, de fiebre porcina, de síndrome respiratorio agudo (SARS).

La llamada revolución ganadera llegó a México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), impulsada por las facilidades que el país otorga a las inversiones en cuanto falta de regulaciones ambientales, bajos costos de la fuerza de trabajo y de los bienes naturales como el agua, y posibilidades de acaparamiento de tierras rurales. El crecimiento de la demanda de proteínas animales fue aprovechada por las corporaciones trasnacionales que controlan la producción mundial de ganado.

Los datos de producción de puerco nos muestran cómo se redujeron el número de granjas a la par que se concentró el número de puercos en cada vez firmas más grandes. Para 1991 había en el país cerca de 2 millones de unidades productoras de cerdo, que produjeron 10.6 millones de animales; 600 mil viviendas campesinas produjeron 1.5 millones de ellos. La gran mayoría de las granjas eran pequeñas, con menos de 20 cabezas, y producían más de la mitad de la producción. En el otro extremo sólo 700 unidades grandes, de más de mil cabezas producían un tercio de los especímenes. En 2017, 99 por ciento de las granjas existentes en 1991 habían desaparecido y el uno por ciento restante producía 75 por ciento más de cabezas. Esta concentración se realiza en favor de las granjas industriales de puercos propiedad de corporaciones nacionales y extranjeras, instaladas en nuevas regiones del país que se han convertido en sus feudos.

Granjas Carroll y Kekén se disputan el primer lugar en el mercado mexicano. Granjas Carroll es propiedad de Smithfield, el gigante productor de cerdos y de Agroindustrias Unidas de México (AMSA). Se fundó en el país en 1993, y actualmente tiene ya casi 13 por ciento de la capacidad productiva. Sus 20 megaindustrias en Puebla y Veracruz crían cerca de 1.6 millones de cerdos y tienen planes para aumentar en un millón de cerdos más y expandirse a Tlaxcala. Los pobladores de la región han denunciado que estas plantas amenazan su salud y el ambiente y se oponen al establecimiento de un rastro en el municipio Oriental. La campaña publicitaria de responsabilidad ambiental y social de la compañía –por ejemplo, paga un dólar a quien encuentre una mosca dentro de la fábrica– resulta poco creíble, sobre todo ante la falta de inspecciones y regulaciones sanitarias estrictas.

Kekén, su competidora, decidió establecerse en Yucatán, en sitios relativamente aislados, rodeados de selva para protegerse de la contaminación viral de otras granjas porcinas. Pero ella no cuida la selva, según manifiestan las comunidades mayas en su vecindad. Kekén, que significa puerco en maya, les ha usurpado hasta su lengua. El Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in Ja” interpuso una denuncia popular ante la Procuraduría del Ambiente (Profepa), pues encontró una laguna negra formada con las descargas de residuos sólidos sin tratar de la empresa, que dañan el ambiente, la apicultura y la ganadería campesina en Kinchil, Hunucmá, Maxcanú y Celestún.

La comunidad de Homún, una localidad con menos de 8 mil habitantes con un proyecto de ecoturismo que tiene como atractivo los cenotes, está en lucha contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo), que trabaja en aparcería con Kekén, pues inició la cría de cerdos sin contar con la planta de tratamiento de aguas residuales prometida. Apoyados por la organización Indignación, han promovido demandas desde septiembre de 2018 por la falta de respeto al derecho a la autodeterminación de las comunidades mayas y por los efectos ambientales que provocará. En Yucatán la nueva y pujante industria porcícola amenaza con destruir el frágil ecosistema, formado por corrientes subterráneas y suelos kársticos.

Éste es un ejemplo de los proyectos de desarrollo impulsados por los gobiernos, que a cambio de una centena de empleos precarios comprometen la vida de las comunidades y el buen vivir.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano