Con 30 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley de Educación para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, llamada ley antiaborto.

La modificación fue impulsada por el legislador sin partido Juan Carlos Leal y aprobada por la mayoría panista, pese a existir una controversia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuesta por la legisladora independiente Claudia Tapia.

Sólo pedíamos ampliar el rango para la inclusión, nuestra propuesta estaba un poquito más enfocada a personas con Síndrome de Down, explicó Leal.

Puntualizo que se incluyó un tema en el cual se concientiza en el tema de la vida y no tiene nada de inconstitucional. Se modifican varios artículos de la Ley de Educación, nada más mencionamos que a los alumnos se les debe de concientizar en el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no se reforma ninguna cuestión educativa, queremos que se imparta algo más de educación, no tiene nada que ver con la cuestión de las materias.

Explicó que con las reformas aprobadas se reforma el artículo 7 de la Ley de Educación, por lo que ahora se establece que la enseñanza impartida por el estado y los particulares con autorización oficial, promuevan el respeto a la vida.

En ese contexto, el Congreso de San Luis Potosí rechazó por mayoría despenalizar el aborto en la entidad antes de las 12 semanas de gestación. En sesión virtual realizada este jueves, el pleno de la legislatura estatal discutió dos iniciativas presentadas por activistas y diputados de Morena.

La primera iniciativa que se votó fue la que planteaba modificar diversos artículos del Código Penal estatal y la Ley de Salud a fin de despenalizar el aborto y poner en marcha de mecanismos sanitarios para la práctica libre y segura de la interrupción del embarazo.

Dicha propuesta fue presentada por la diputada por Morena Alejandra Valdés Martínez y la ciudadana Arely Torres Miranda, el pasado 21 de marzo. Después se votó la iniciativa que planteaba reformar la Constitución del estado para que las mujeres tengan derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo en un tiempo máximo de 12 semanas de gestación.