La política de generación de energía eléctrica del gobierno de México va en contra de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo de París para reducción de gases de efecto invernadero y cerrará el paso a las energías renovables favoreciendo la quema de combustóleo, manifestó en entrevista un experto de Greenpeace.

Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de la organización ecologista internacional, explicó que las restricciones impuestas a la operación de empresas generadoras de energías eólica y fotovoltaica obstaculizan el desempeño a las energía renovables.

Lo que busca esa decisión es excluir la participación de privados y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), apunta.

La determinación, que ha sido presentada con matices tecnológicos argumentando la necesidad de proteger el sistema eléctrico ante la baja demanda por los cierres de actividades laborales y educativas ante la pandemia de Covid-19, es bastante política, que no pasa mucho por el tema técnico, argumenta el ambientalista.

El sector de la energía permaneció cerrado como monopolio durante ocho décadas, tras la expropiación de compañías petroleras que dio nacimiento a la estatal Petróleos Mexicanos y a la CFE.

Ramírez comentó que el sistema nacional de refinación es muy ineficiente: por cada barril de petróleo procesado, 30 por ciento se genera en residuos, que es combustóleo. Mucho será destinado a las plantas de energía eléctrica de la llamada empresa productiva de Estado, expresa el ecologista.