La política de combate a la corrupción declarada por el gobierno federal no se ha reflejado en una menor incidencia de esta práctica ni en una reducción de los costos para los ciudadanos derivados de ella, exhiben datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2019, primer año completo de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el costo por la corrupción para los ciudadanos que acudieron a realizar algún trámite o solicitar un servicio en una oficina pública fue de 12 mil 770 millones de pesos, 64.1 por ciento más que en 2017, cuando fue realizada la medición previa, reportó el Inegi.

Ello se tradujo en que el costo de la corrupción para cada ciudadano fue, en 2019, de 3 mil 822 pesos, 56 por ciento más que en 2017, añadió.

La suma establecida por el Inegi como el costo de la corrupción para los ciudadanos –la medición sólo agrupa actos que afectan las actividades vinculadas con la vida cotidiana de los hogares y deja de lado las prácticas en unidades económicas– es equivalente a la mitad de los fondos destinados al programa Crédito Solidario del IMSS, el mecanismo de emergencia frente a la crisis económica actual.

Pese a ello, la idea de que la corrupción ya se acabó en instituciones de gobierno –como considera la administración federal– ha permeado en la población. Durante 2019, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1 por ciento en 2017, a 87 por ciento en 2019.

Sin embargo, la tasa de víctimas directas de la corrupción pasó de 14.6 por ciento en 2017, a 15.7 en 2019. En el estado de México y la Ciudad de México se elevó a 20.7 por ciento en ambos casos y en Durango a 25.4 por ciento. Es decir, que en dichas entidades uno de cada cinco y uno cada cuatro habitantes mayores de 18 años, respectivamente, tuvieron contacto con estos ilícitos.

En total, 5 millones 804 mil 466 personas se involucraron en una práctica de corrupción en 2019 y sólo 5.1 por ciento denunció. Entre el grupo que no hizo una queja formal por este hecho, 28.8 por ciento lo consideró inútil, 18.6 pensó que era pérdida de tiempo, 12.8 por ciento argumentó no tener tiempo, 11 consideró que la corrupción en una práctica muy común y 9.2 por ciento que obtuvo un beneficio. En menor medida, pero todavía representativos, 8.7 por ciento temió represalias y 5.8 por ciento dijo que no sabía ante quién denunciar, el resto argumentó otros motivos.

El Inegi reportó que las mayores experiencias de corrupción se estiman en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos; seguido de otros pagos, trámites o solicitudes, como el pedir una carta de no antecedentes penales, licencias, servicios administrativos en servicios de salud y empleo (pensiones, incapacidades, préstamos) y conexión o reconexión de energía eléctrica– donde alcanza 44.9 por ciento. Y también destaca el sistema judicial.

El organismo también dio cuenta de que pese a una mayor registro de corrupción, hubo un incremento general en la satisfacción de los ciudadanos con el gobierno. Pasó de 45.5 por ciento en 2017, a 47.2 por ciento en 2019.

Ningún sector tuvo un incremento tan marcado en confianza como el gobierno federal, donde se duplicó de 25.5 por ciento a 51.2 por ciento en dos años. La mayoría de actores y entidades de gobierno tuvieron una mejora en este indicador, incluso los partidos políticos incrementaron de 17.8 a 24.6 por ciento, pese a generar el mayor recelo entre la población.