Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 se requieren desarrollar estrategias colectivas y sociales para contener la crisis en la que está 60 por ciento de la fuerza laboral de la capital del país, que trabaja en la informalidad y en condiciones de precariedad, afirmó Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Para ello, es fundamental retomar el test de vulnerabilidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pondera cuestiones estructurales, históricas, sociales y físicas, así como la exposición al riesgo.

Las omisiones del Estado y la falta de compromiso de la sociedad hacia grupos de atención prioritaria, como trabajadores de limpia, comerciantes, indígenas artesanos, trabajadores sexuales, artistas callejeros y músicos han visibilizado esas condiciones de precariedad

En su participación en el seminario online El derecho frente a la pandemia de Covid-19, organizado por la Universidad Iberoamericana, señaló que no sólo se trata de pensar en qué tenemos que hacer ahorita con la pandemia, sino después.

El ingreso a la nueva normalidad será una etapa crítica para todos, y en especial para ese grupo, porque después de dos meses de distanciamiento social no cuenta con recursos económicos porque ante el paro de actividades no hay consumo.

En la ciudad se instalan alrededor de mil 500 tianguis donde laboran más de 100 mil personas y sólo en Iztapalapa más de medio millón de personas acuden a esos lugares a abastecerse, pero desde hace varias semanas no se instalan.

La ombudsman consideró que el impacto económico que vendrá en cadena ante esta precarización será en términos de colectividad, y el escenario es complejo, más cuando se habla de derechos laborales de este grupo de atención prioritaria.

Tania Espinosa, representante en México de Woman in Informal Employement Globalizing and Organizing, destacó que el reto en este contexto es convertir el trabajo informal en uno digno, con todas las condiciones y derechos para realizarlo.

Comentó que de 14 mil trabajadores de limpia contratados, hay 10 mil voluntarios que viven de propinas y del reciclado, cuyas condiciones se han agudizado durante la actual emergencia sanitaria.