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La CEAV se niega a entregar apoyos a familiares de desaparecidos
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de mayo de 2020, p. 10

Desde hace 10 días, un grupo de familiares de personas desaparecidas se encuentra instalado en plantón frente a la Secretaría de Gobernación para exigir que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) admita la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) de varias personas que ya han identificado los cuerpos de sus seres queridos, para que se les apoye con los gastos funerarios y de traslado de los restos a sus lugares de origen.

En entrevista, Margarita López Pérez, integrante del colectivo Buscando Cuerpos en el País, explicó que los manifestantes que se encuentran frente al Palacio de Covián ya cuentan con el perfil genético de los restos que encontraron en diversas fosas clandestinas –elaborado por la Fiscalía General de la República– para comprobar que se trata de sus seres queridos.

De acuerdo con la activista, los familiares no sólo cuentan con el citado perfil genético que acredita su parentesco, sino que además los cuerpos fueron reconocidos por la huella dactilar, los tatuajes que tenían, la ropa y otras características distintivas.

A pesar de ello, lamentó, la CEAV se ha negado a entregarles la ayuda económica que les corresponde y a permitir su registro en el Renavi, lo que ha generado diversos problemas en los familiares de las personas fallecidas, pues no tienen recursos para sostener por más tiempo su estadía en la Ciudad de México.

Llevamos 10 días manifestándonos de manera pacífica, sólo esperando que se nos haga entrega de los restos ya identificados por las familias, y nos apoyen con los gastos funerarios y el traslado de los cuerpos a su lugar de origen. Ahora, con la pandemia que atravesamos, la gente no tiene trabajo, no tiene para comer ni para sus medicamentos, lamentó la activista.

Pese a ello, afirmó que la CEAV les ha suspendido su apoyo para servicios médicos, además de retrasar los relacionados con alimentación y vivienda. Además, se ha acusado a Margarita López Pérez de haber recibido dinero para levantar una huelga de hambre que sostuvo el año pasado durante 29 días.