La Secretaría de Educación Pública (SEP) envió a los congresos estatales un machote como propuesta de leyes locales de educación, que ya comenzó a ser presentado en las legislaturas como iniciativas propias.

Es un proyecto de ley marco, que ha recibido el rechazo de las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como Michoacán, Quintana Roo, Campeche y Yucatán y atribuyen la autoría al titular de la SEP, Esteban Moctezuma.

Incluso, la coordinadora peninsular consideró que con la propuesta –que busca darle un enfoque humanista y democrático a la enseñanza y agregarle el termino de excelencia–, se pretende vulnerar el derecho a la educación regional y contextualizada, así como a los derechos laborales y sindicales del magisterio.

Las legislaturas de Puebla y Baja California copiaron casi textualmente el documento y las de Michoacán y Morelos le hicieron algunos cambios. La Comisión de Educación de Puebla, que preside el panista Hugo Alejo Domínguez, sólo agregó los nombres de los integrantes de esa instancia.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, resaltó que en el marco legal mexicano no existe la definición de ley marco y consideró que el envío de una propuesta para unificar en los estados puede ser una intromisión.

“Esta ‘ley marco’ enviada por Esteban Moctezuma es muy conservadora, le quita lo progresista de la Ley General de Educación aprobada por el Congreso de la Unión”, dijo luego de que en la Cámara de Diputados se recibieron quejas de las legislaturas locales y del magisterio. La intención era que para el 15 de mayo los congresos aprobaran sus respectivas leyes de educación.

En un comunicado, la sección 18 de Michoacán acusó que la intención de aprobar la legislación se hizo sin previa consulta a los actores directos del proceso educativo: maestros, alumnos y padres de familia.

Uno de los puntos de diferencia entre la ley marco de la SEP y la sección 18 es el uso de materiales y programas alternativos. La propuesta de la dependencia prohíbe el uso de libros de texto no autorizados.

Dentro del articulado se plantea, entre otros, una evaluación diagnóstico de los maestros; incluir un padrón estatal de alumnos, y que el financiamiento de la educación superior obligatoria esté a cargo de cada entidad.